UNA INSTITUCIONALDIDAD PARA QUE LA CULTURA Y LAS ARTES SEAN UN DERECHO SOCIAL

 

El movimiento social y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de las artes y la cultura hemos aprendido, no con pocos sacrificios, tres lecciones en el último tiempo.
Primero, no debemos tener temor a expresar nuestras ideas y propuestas aun a riesgo de parecer estar contra la corriente política o las ideas de moda.
Segundo, defender sin vacilaciones y en todo lugar, los principios que sustentan nuestro accionar.
Y tercero, no aceptar la afirmación que nada se puede cambiar o que ya no hay nada que hacer para modificar el rumbo de nuestro mundo.
Estas convicciones son las que nos dan la fuerza para presentarnos ante ustedes y señalar claramente que Chile requiere construir una institucionalidad para que la cultura y las artes sean efectivamente un derecho social.
Y esta afirmación no es algo antojadizo o voluntarista. Es nuestro convencimiento profundo de que estamos en un momento histórico para nuestro país, en que un modelo de sociedad que ha sobrepuesto al mercado por sobre cualquier otra dimensión de la sociedad está llegando, lenta, pero inexorablemente a su fin.
Las artes y la cultura siempre han sido y son expresión de la sociedad en que se desenvuelven y los creadores y artistas, hemos sido y somos actores sociales y políticos.
Entendemos nuestro trabajo como la responsabilidad de quien construye realidades.
Por ello, rechazamos por principio y acción el modelo neoliberal que se impuso en nuestro país y en gran parte del mundo.
Un modelo donde todo tiene precio y se transa en el mercado sin ninguna restricción que no sea el poder de negociación de quienes compran y venden.
Este modelo también se impuso en las artes y la cultura. Una sobrevaloración de la denominada dimensión económica de las artes.
La creación del concepto de industrias creativas es la apropiación del neoliberalismo de las artes y de la cultura para el mercado, para asignarle una medida de valor económico mercantil al trabajo de los artistas y creadores.
Lo que conocíamos como industria cultural pasa a ser creativa porque la creatividad se puede valorar y restringir para obtener lucro.Lo creativo se nos vende como un recurso económico inagotable.
Queremos negar esta realidad?, queremos borrarla de nuestro quehacer?. Claro que no, pero queremos darle el lugar que merece y ese sin duda, no es el primero de la lista.
Así como se privatizaron nuestros recursos naturales y las empresas del estado, se realizó un verdadero secuestro de la cultura y las artes para imponerle lógicas de mercado, lo que significó, tal y como en otras dimensiones de la sociedad, una precarización en la producción y el acceso para creadores y públicos y la minimización del rol del estado como generador de políticas públicas.
Se destruyó el lazo que unía a creadores y artísticas con su público en la complicidad de construir ciudadanía. Unos y otros debimos acudir únicamente al mercado.
Hoy muchos, incluyendo a los centro de pensamiento de políticas culturales, piensan al artista y creador como un emprendedor, que realiza autogestión y que debe limitarse a concursar para acceder a fondos. Del mismo modo, las audiencias están a merced de su capacidad económica para participar de la oferta y la demanda cultural y artística.
Tal como señalaba, tenemos el convencimiento de vivir tiempos de cambios estructurales. Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma social y de lo público, que se manifiesta en la idea de la recuperación de los derechos sociales en nuestro país y la construcción de un estado que los garantice.
Hoy existe una amplia convicción que las actividades artísticas y culturales, más allá de la simple compra y venta, son indispensables para el desarrollo de las personas y los países, así como para el despliegue de sus libertades.
Es decir, debe considerarse la cultura y las artes como un derecho y una necesidad y debe asegurarse su acceso, pues permite la reducción de inequidades, contribuye a la participación comunitaria, desarrolla sujetos críticos y fortalece el espacio público, con miras a crear sociedades integradas, pensantes y solidarias.
Por ello, aspiramos a contribuir a la creación de un Ministerio de Cultura y las Artes que sea reflejo e impulsor de esta nueva sociedad que estamos construyendo. Un Ministerio que garantice la cultura y las artes como un derecho social.
Sabemos que sin políticas públicas activas en materia de la cultura y las artes es muy difícil que se reduzcan las brechas de acceso y menos aún que se direccionen recursos e inversiones sin el imperio de la lógica del mercado.
Solo la acción pública nos garantiza la incorporación de criterios de equidad, la promoción de la diversidad y la protección del patrimonio cultural de nuestras sociedades.
El proyecto sustitutivo en torno a esto plantea claramente en sus funciones la promoción de la cultura como un derecho, sin embargo, el cómo esto se garantiza se diluye para nosotros cuando vemos que las áreas artísticas estarán, en esta nueva institucionalidad, supeditadas al Servicio de Las Artes y las industrias creativas, donde en ningún momento se garantiza que el estado ejecute acciones, sino solamente políticas, planes y programas, pero si establece, cito textualmente: “desarrollar la cooperación, asesoría técnica e interlocución con corporaciones, fundaciones y demás organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del servicio, y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común”.
Quién nos garantiza que esto no acreciente la inequidad? ¿Quién nos garantiza que no siga engrosando solo un eslabón de la cadena? ¿quién supervigila ese accionar? porque una vez que los recursos públicos pasan a manos de privados para ejecutar políticas públicas, estos se comportan como privados, entonces quién da garantía a las regiones de acceso en igualdad de condiciones, ¿quién garantiza entonces el compromiso inicial que suscribe el proyecto? donde se señala claramente que la cultura es un derecho.
Los artistas sabemos muy bien que la asignación de un presupuesto no garantiza trabajos decentes, que muchas veces se ahorra en la contratación de obras o piezas artísticas y que el mejor gestor es aquel que consigue más presentaciones de manera gratuita. Dejar en manos de otros el cumplimiento de las políticas públicas es desentenderse de un deber del estado, dejar en manos de terceros derechos laborales es no entregar garantías a un sector largamente vulnerado.
Por tanto, solicitar una descripción más exhaustiva de este punto nos permitiría proteger la dignidad de los artistas trabajadores y sus creaciones y afianzar el compromiso que se ha asumido.
Lo referido no significa en ningún caso desestimar la importancia que tiene el Estado en la valoración y el apoyo presupuestario que creemos debe entregar a aquellas organizaciones de carácter privado que realizan una labor pública, sino más bien busca solicitar que se haga cargo de salvaguardar la política pública en todo su proceso de ejecución.
En el caso específico de las artes escénicas, estamos dando señales en ese sentido de cambio paradigmático.
Hace algunos días, presentamos a la Ministra de Cultura, una minuta de una propuesta de Ley Sectorial de las Artes Escénicas.
Una amplia gama de organizaciones relevantes y representativas del sector realizamos un amplio debate nacional que articuló una propuesta de ley que permite, a través de la legislación, abordar las diferentes situaciones que afectan al área.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la ministra recibieron nuestro trabajo con gran interés y definimos un calendario para avanzar en conjunto en este proyecto de ley.
Esa es una señal potente de avanzar en una nueva forma de abordar las políticas culturales en nuestro país y nos parece que resguarda hasta cierto punto la realidad del sector en la nueva institucionalidad que finalmente se genere.
La ley propuesta por las organizaciones que conforman la Plataforma de las Artes Escénicas a la ministra, contiene tres ejes esenciales para la valorización del área:
Definir el sector, para poder reconocer su especificidad dentro de las artes.
Establecer la singularidad de las actividades de la danza, el teatro y el circo.
Y establecer las artes escénicas como un derecho social, adoptando medidas de carácter legislativas y administrativas destinada a preservar el patrimonio material e inmaterial del sector, fomentando la investigación, la preservación y recuperación de archivos y la conservación de la infraestructura.
Esta nueva estructura sectorial nos permitiría avanzar en temas muy sentidos para nosotros como por ejemplo:
Buscar entregar herramientas para superar la enorme cesantía que afecta nuestro sector.
Necesitamos políticas culturales definidas por el estado que permitan la creación de fuentes de trabajo permanente y utilizar y poner en movimiento los centros culturales y teatros construidos desde el gobierno del presidente Lagos y que tiene su más amplio desarrollo en el primer mandato de la Presidenta Bachelet.
Teatros extraordinarios que no tienen financiamiento necesario y están evidentemente subutilizados, pero cuyo financiamiento no garantiza que los artistas sean contemplados en estos presupuestos.
Un ejemplo es el nuevo teatro GAM. La construcción del teatro es importante, pero el edificio no es un proyecto. Necesitamos un proyecto que sustente ese teatro con trabajo permanente para artistas, con lógicas de políticas nacionales y no de mercado.

Finalmente, aspiramos a construir un país democrático y con justicia social, que supere las enormes desigualdades que nos avergüenzan como sociedad e impulsar medidas como nuestro proyecto de ley sobre la eliminación de la exención del IVA a la que se acogen los mega eventos, muchas de ellas disfrazándose como actividades culturales, para pagar menos impuestos. Recursos que podrían ser utilizados en beneficio de un Fondo Solidario para el Artista Chileno.
Y los artistas y creadores estamos dispuestos a hacer nuestros aportes en aquello que, hasta ahora, hemos hecho por nuestra propia voluntad, y que hoy la sociedad exige como un proyecto país.
Recuperar el principio fundamental de la igualdad como el criterio central de cualquier sociedad verdaderamente libre. Y hablamos de una igualación de las posibilidades reales de cada ciudadano de vivir una vida plena, según el patrón que escoja, sin carencias o desventajas debidas a los privilegios de otros. Reforzar la construcción del estado como asignador de recursos en búsqueda del bien común.
Solamente una autoridad pública robusta y activa puede garantizar la protección contra la enfermedad, la promoción de conocimientos y de cultura, y la provisión de protección y empleo para todos.
Y la defensa de la democracia como la fuerza motora de que sean las legítimas mayorías las que definan nuestro destino como sociedad.
Por ello, debemos avanzar en nuestro país en aprobar una ley de Ministerio de la Cultura y la Artes que supere un modelo economicista y neoliberal que ha fracasado en todos los lugares del mundo donde se ha instalado, dejando aún más precariedad en los creadores, artistas, y audiencias, y que signifique nuevamente largos años de postergación para el desarrollo de las artes y la cultura en Chile.
No podemos perder esta oportunidad histórica de avanzar en la creación de una institucionalidad para que la cultura y las artes sean definitivamente un derecho social en nuestro país.
En un compromiso que debemos asumir con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
Muchas Gracias.

Discurso Jornada por el Ministerio de las Cultura organizado por Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

20 de Octubre 2014

Edificio

Ex Congreso Nacional

Publicado por Andrea Gutiérrez Vásquez

Actriz, dramaturga, docente y gestora cultural. Candidata a Magister de Gobierno y sociedad. Activista Feminista integrante de RACH!

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