Entradas de Andrea Gutiérrez Vásquez

Actriz, dramaturga, docente y gestora cultural. Candidata a Magister de Gobierno y sociedad. Activista Feminista integrante de RACH!

La Disputa es Cultural

Un artículo del diario El Mostrador del día lunes 19 de junio, da a conocer el seguimiento que está realizando el Observatorio de Políticas Culturales de las propuestas, medidas y programas de cultura de los candidatos a la presidencia. Como equipo de cultura de la Campaña de Beatriz Sánchez consideramos que es un gran aporte que se releve la cultura como un componente esencial en el debate presidencial, sin embargo quisiéramos exponer algunas características de nuestra apuesta por una horizontalización en la forma de construir programa, tan enriquecedora como desafiante y que sin lugar a dudas excede los mecanismos y ritmos convencionales de articulación entre una propuesta de programa y los actores implicados.    

En primer lugar, señalar que el Frente Amplio es una construcción colectiva y la elaboración de su programa es ejemplo de esto: así como ocurre en las otras 21 áreas programáticas, los contenidos de cultura han sido trabajados a partir de un proceso de deliberación y participación de cientos de personas, el registro riguroso de éste, incluyendo las propuestas emanadas de los múltiples encuentros territoriales y temáticos a lo largo de todo el país buscando su vinculación política en el proceso, una sistematización por parte de grupos de apoyo programático de tipo temático, legislativo y económico, integrados por militantes o adherentes de las fuerzas políticas y sociales del Frente Amplio e independientes, y finalmente el sometimiento de las propuestas a una votación abierta.

Nos parece especialmente relevante transmitir que ante el desafío de una nueva cultura política, entendemos que la apuesta por ciertos contenidos para el programa debe verse robustecida por la forma de construirlos.

En segundo lugar, señalar que a pesar de que valoramos enormemente que se releve la cultura como un componente esencial en el debate presidencial, queremos esclarecer que desde el Comando de Beatriz Sánchez, se ha trabajado una propuesta que asume un compromiso real del Estado con la cultura, como componente integrante de la vida de las personas, y no como un producto ajeno a ellas. Entendemos que lo que nos corresponde hoy es reconocerla, integrarla y activarla, para que esté presente de manera protagónica en la educación, para que abra espacios para la expresión y articulación emotiva y sensible de las personas en sus comunidades; para permitir y respetar la autonomía de la diversidad de expresiones que existen en nuestro territorio y en la región latinoamericana; para relevar la participación creativa y democratizar la circulación y distribución de las manifestaciones artísticas; para poner en valor el patrimonio, el conocimiento y la memoria popular; para incentivar las festividades populares donde nos recreamos colectivamente; para incentivar la pluralidad de los canales y medios de comunicación.

Este cambio de mirada implica transformar los espacios de participación, ampliándolos, para invitar a la mesa a tomar decisiones, a dialogar, a implicarse, a nuevos actores sociales, comunidades, trabajadores de la cultura, inmigrantes y tantos otros que han estado excluidos de los espacios formales de conversación, enriqueciendo el diálogo más allá de lo meramente sectorial  y así rearticular en conjunto un tejido desgastado por la atomización y construir redes efectivas que permitan habitar los espacios culturales y unificar una institucionalidad tremendamente fragmentada y encapsulada, que no logra dar cuenta de la diversidad cultural de nuestro país.
Por ello algunas de las propuestas centrales de nuestro programa apuntan a fortalecer esa interacción y colaboración; como es la visibilización de polos territoriales de irradiación cultural a través del Programa Puntos de Cultura, exitosa experiencia latinoamericana en la que se conjugan lo político, lo comunitario y lo estatal, una coordinación virtuosa que otorga autonomía cultural a los territorios y sus habitantes.
Debemos integrar la educación y la cultura. Para esto se requiere la estimulación, desarrollo y fortalecimiento de la creatividad en la formación básica y media, incorporando las artes como parte fundante del conocimiento, del pensamiento crítico, del desarrollo integral de las personas, y como un lenguaje de interacción con áreas del conocimiento relevantes en el avance de la sociedad contemporánea. Queremos que la escuela sea un lugar de formación e interacción cultural con el entorno. Para esto se requiere la construcción de acciones transversales que sustenten basalmente al programa y su proyección. Abriremos los establecimientos educacionales a la comunidad, entendiendo las escuelas como espacios de diálogo cultural entre el alumnado y su contexto local-comunitario, como también buscamos ampliar los circuitos de la educación formal a los museos, el espacio público y de aprendizaje informal, todo esto a través del Programa de articulación de cultura y educación.
En los últimos años, se ha concentrado una gran cantidad de creación artística que enfrenta un sinnúmero de barreras para encontrarse con las personas. La circulación y democratización de esos contenidos ha sido relegada a la concursabilidad, la que ha resultado ineficiente en esa tarea, además de carecer de seguimiento, profundización y visión estratégica, por ello asumimos un compromiso en un programa que integre fomento, la red de centros culturales, entre otros, a través del Plan Nacional para la circulación de la producción artística que enfrente la desigualdad y que permita que todas las personas puedan conocer y reconocer la riqueza de la creación de nuestros artistas.

A su vez, mediante la confección de un “estatuto laboral de las y los trabajadores de la cultura” asumimos el compromiso con estos trabajadores, quienes conforman un sector diverso que constituye un aspecto prioritario cuando hablamos de la cultura como bien común y que requiere de una caracterización amplia, que  dé cuenta de la naturaleza de su trabajo apelando a una coherencia integral de nuestros planteamientos. Proponemos un trabajo sistemático entre organizaciones sociales y culturales, sindicatos y gremios con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que redacte esta propuesta legislativa que reconozca su categoría de trabajadores, y se haga cargo de su intermitencia laboral y la urgencia de su protección social.

La cultura no la trae el gobierno, está, existe, es nuestra y se vive a diario, la cultura no es cuantificable, para nosotros no se trata de más cultura para Chile, sino de plantearnos otras preguntas y proponer otras respuestas, nos interesa distinguir de ‘qué’ cultura estamos hablando, de ‘cómo’ la activamos y de ‘dónde’ surge. Para nuestro proyecto la disputa cultural es prioritaria, por ello merece seriedad y compromiso en su construcción.


Equipo de Cultura
Comando Beatriz Sánchez




 

Publicado el 28 de junio del 2017.

El Mostrador.

TEATRO COMUNITARIO: UN IMPRESCINDIBLE

Existen temas de agenda obligatoria en una organización, algunos de carácter contingente y otros de carácter reivindicativo, probablemente éste se encuentra en esta última categoría, pero además creo, lo hemos postergado por demasiado tiempo desde el Sindicato de Actores de Chile. Muchas veces en nuestra historia hemos sido señalados como defensores de una elite, muchas veces acusados como incapaces de mirar el mundo más allá de una sala de teatro o un canal de TV, pero hemos soñado con ir paulatinamente abarcando responsabilidades y actuando en coherencia con lo que debe ser una organización social para los trabajadores actores y actrices del país y nuestro gesto más significativo hasta ahora ha sido luchar por  la inclusión regional.

¿Cuál es mi objetivo con esta reflexión? Invitarlos a saldar una deuda, a reivindicar y visibilizar un espacio, donde muchos actores y actrices se desempeñan y trabajan en contacto directo con las comunidades, con los territorios, acompañando al ciudadano a que ejerza, no sólo su derecho a ver teatro, sino su derecho a hacer teatro.

En nuestro trabajo artístico transitamos por distintos escenarios: una clase, una sala de teatro, un set o un escenario comunitario, y en otros casos no; finalmente cada uno tiene la libertad de ejercer su profesión donde le parezca que puede ser un aporte o tener la retribución económica o social que persiga. Es lógico entonces que se confronten posturas, que se establezca un escenario de los ganadores y los perdedores, dinámica profundizada por la concursabilidad, pero lo cierto es que en el mundo del teatro comunitario se vive codo a codo con la precariedad propia y del país, en SIDARTE muchos de nuestros miembros más comprometidos se desenvuelven alentado y desarrollando el teatro comunitario, lo que nos enorgullece y es una clara aspiración de la organización, estar ahí para ellos. Queremos protegerlos, defenderlos y enaltecer su trabajo, y a través de ellos generar alianzas y comunión con quienes desde la vocación se dedican al teatro en sus comunidades, y lo utilizan como una herramienta de transformación social o como un catalizador de procesos sanadores a nivel social.

Hace poco escuché en una conferencia en Dublín algo que resonó en mi, “atacar al teatro comunitario o confrontarlo al circuito profesional sería literalmente dispararse en los pies”  y es así, pues ahí está el vehículo que ataca la segregación social, el que nos hace disminuir las diferencias, en un país que sangra sus desigualdades, en el trabajo de los grupos comunitarios está la cuna de la profundización de la democracia y de la convivencia, está el espectador, está la expresión de la identidad territorial, cultural y del imaginario social, está la sanidad y recuperación de un pueblo, al que lamentablemente, para clasificarlo, se ha cortado en pedazos y hoy intenta volverse a unir. Si nosotros caemos en la trampa de auto-segregarnos “pisamos el palito” del modelo económico de mercado; sin embargo, si logramos avanzar juntos en el desafío de que el teatro, así como las otras artes escénicas, sean un derecho social y la institucionalidad del estado lo proteja -sin intervenir en la libertad de creación y expresión- seremos más fuertes y cohesionados, pues los objetivos son comunes para todos quienes ejercen el arte teatral y están presentes en la convención sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural de la UNESCO de 2005, que Chile suscribe y necesitamos que recuerde, cuando señala: “Se procurará que se reconozca la importante contribución de los artistas, de todas las personas que participan del proceso creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que los apoyan con su trabajo, así como el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las expresiones culturales”. Insto e invito a  la inclusión del mundo comunitario en nuestro trabajo sindical y político, a incentivar el intercambio y el diálogo franco. Como organización tenemos el desafío de proteger a nuestros socios para que transiten, desde el que muchas veces es un trabajo vocacional y voluntario, a un trabajo reconocido y remunerado, por el valor que  tiene el teatro para el arte y en la recomposición del tejido social. Además, como sindicato nos sentimos llamados a trabajar tenazmente en buscar el compromiso del mundo público, el estado y los gobiernos comunales, para que asuman su responsabilidad social a través del apoyo y financiamiento de proyectos que son un derecho de los ciudadanos, que inspirados en otras experiencias regionales, se enaltezca la cultura territorial y comunitaria de forma autónoma libre, como una reserva de nuestra identidad más profunda.

Es hora que Chile se levante con toda su diversidad cultural para construir nuevas formas de diálogo e interacción, que deje de lado la confrontación o la indignante segregación y comparación, es hora de que avancemos juntos valorando lo propio, lo que entrelaza todas las formas de expresiones culturales que habitan en nuestro territorio.

La indignante indiferencia del CNTV frente a la realidad laboral de actores y actrices

Esta historia comenzó hace 4 años, cuando se promulgó la Ley de Televisión Digital en La Moneda. Una ley que para el Sindicato de Actores de Chile traía una nueva posibilidad para que el incumplimiento laboral de los canales de TV, en lo que concierne a actores y actrices, fuera corregido.

 Hasta hoy, actores y actrices se vinculan con los canales como prestadores de servicio o como empresas, pero no como trabajadores. Uno de los aspectos de la ley nos permitiría cambiar eso: traía la posibilidad de interponer una denuncia al CNTV y de que éste, después de determinar el incumplimiento, sancionara a los canales con una multa y, en caso de reiteración de la falta, incluso prohibiera la transmisión del canal infractor.

 Así partió esta lucha. Presentamos antecedentes que demostraban esta falta en los casos de actores y actrices de 3 canales. ¿Qué hizo entonces el CNTV? Poner la primera traba: crear una norma que no permitiera presentar una fiscalización como prueba, sino exigir un juicio ejecutoriado. ¿A qué nos obligaba esto? A tener que recurrir a los tribunales de todos modos, judicializando una discusión que no resiste análisis, pues nuestros socios son claramente trabajadores que cumplen horario, instrucciones y trabajan en un lugar específico que les designa el empleador o sea, bajo subordinación y dependencia.

A este obstáculo se sumaba otro problema: en el sector con una de las tasas más bajas de empleabilidad ¿quién se atreve a demandar a un canal, con el riesgo de perder un puesto de trabajo? Sólo quienes ya han sido despedidos injustamente. Tuvimos que seguir este camino y tomar el primer caso de demanda por despido injustificado para presentarlo: el del actor Fernando Larraín. Tal vez no sea el caso que muestra con mayor nitidez al trabajador precarizado, sin embargo éste fue el escenario al que nos llevó el CNTV con sus normas absurdas que se alejan del objetivo de aunar fuerzas para sacar a los actores y actrices de un escenario laboral que no los considera trabajadores.

¿Qué sucedió? Tras presentar la denuncia bajo las reglas impuestas por ellos, fuimos rechazados en 3 ocasiones, tras las cuales presentamos 2 recursos de reposición que, finalmente, no surtieron efecto. Nuestra denuncia fue rechazada a pesar de que la mayoría de los consejeros votaron a favor de las razones esgrimidas por SIDARTE, pero no constituyeron una mayoría absoluta, sino simple.

Todo esto nos hace pensar que al CNTV, al parecer, le importan la moral, las buenas costumbres y el lenguaje que usan los humoristas en televisión, pero no le importan los trabajadores. Hemos dado esta pelea durante los últimos cuatro años de manera incansable; enfrentándonos a quienes fuera necesario, sin miedo. Ésta es la oportunidad para dejar en claro que en este tipo de peleas es donde más se nota la fragilidad de nuestra norma laboral; si fuera una legislación sólida, no hubiésemos tenido que llegar a estas instancias.

Pocas veces los actores prestamos atención a lo importante que es la discusión en materia laboral, pero es clave entender que somos un Sindicato Interempresa creado como categoría en el Plan Laboral hecho en dictadura, que no tiene derecho a negociar colectivamente por sus trabajadores a menos que el empleador lo consienta; no contamos con negociación ramal y tenemos un gremio integrado por personas que muchas veces, como en este caso, no son consideradas como trabajadores por los empleadores. Ésa es nuestra realidad.

En este escenario nebuloso, sí hay algo que tengo muy claro porque lo intentamos, y es que esta lucha no la pueden dar un puñado de dirigentes, esta lucha la tienen que dar los trabajadores y trabajadoras con la claridad de que esta transformación es justa, es necesaria y es urgente para cambiar al país. Y con la consciencia de que no los ayuda sólo a ellos, sino a todos los que forman y formarán parte de este sector a futuro. Éste es uno más de los puntos de la extensa lista de derechos que debemos recuperar.

No me cabe duda de que más temprano que tarde lograremos este cambio que sembrará las bases de un ecosistema laboral más digno, justo y humano para los actores y actrices trabajadores de Chile.

UNA INSTITUCIONALDIDAD PARA QUE LA CULTURA Y LAS ARTES SEAN UN DERECHO SOCIAL

 

El movimiento social y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de las artes y la cultura hemos aprendido, no con pocos sacrificios, tres lecciones en el último tiempo.
Primero, no debemos tener temor a expresar nuestras ideas y propuestas aun a riesgo de parecer estar contra la corriente política o las ideas de moda.
Segundo, defender sin vacilaciones y en todo lugar, los principios que sustentan nuestro accionar.
Y tercero, no aceptar la afirmación que nada se puede cambiar o que ya no hay nada que hacer para modificar el rumbo de nuestro mundo.
Estas convicciones son las que nos dan la fuerza para presentarnos ante ustedes y señalar claramente que Chile requiere construir una institucionalidad para que la cultura y las artes sean efectivamente un derecho social.
Y esta afirmación no es algo antojadizo o voluntarista. Es nuestro convencimiento profundo de que estamos en un momento histórico para nuestro país, en que un modelo de sociedad que ha sobrepuesto al mercado por sobre cualquier otra dimensión de la sociedad está llegando, lenta, pero inexorablemente a su fin.
Las artes y la cultura siempre han sido y son expresión de la sociedad en que se desenvuelven y los creadores y artistas, hemos sido y somos actores sociales y políticos.
Entendemos nuestro trabajo como la responsabilidad de quien construye realidades.
Por ello, rechazamos por principio y acción el modelo neoliberal que se impuso en nuestro país y en gran parte del mundo.
Un modelo donde todo tiene precio y se transa en el mercado sin ninguna restricción que no sea el poder de negociación de quienes compran y venden.
Este modelo también se impuso en las artes y la cultura. Una sobrevaloración de la denominada dimensión económica de las artes.
La creación del concepto de industrias creativas es la apropiación del neoliberalismo de las artes y de la cultura para el mercado, para asignarle una medida de valor económico mercantil al trabajo de los artistas y creadores.
Lo que conocíamos como industria cultural pasa a ser creativa porque la creatividad se puede valorar y restringir para obtener lucro.Lo creativo se nos vende como un recurso económico inagotable.
Queremos negar esta realidad?, queremos borrarla de nuestro quehacer?. Claro que no, pero queremos darle el lugar que merece y ese sin duda, no es el primero de la lista.
Así como se privatizaron nuestros recursos naturales y las empresas del estado, se realizó un verdadero secuestro de la cultura y las artes para imponerle lógicas de mercado, lo que significó, tal y como en otras dimensiones de la sociedad, una precarización en la producción y el acceso para creadores y públicos y la minimización del rol del estado como generador de políticas públicas.
Se destruyó el lazo que unía a creadores y artísticas con su público en la complicidad de construir ciudadanía. Unos y otros debimos acudir únicamente al mercado.
Hoy muchos, incluyendo a los centro de pensamiento de políticas culturales, piensan al artista y creador como un emprendedor, que realiza autogestión y que debe limitarse a concursar para acceder a fondos. Del mismo modo, las audiencias están a merced de su capacidad económica para participar de la oferta y la demanda cultural y artística.
Tal como señalaba, tenemos el convencimiento de vivir tiempos de cambios estructurales. Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma social y de lo público, que se manifiesta en la idea de la recuperación de los derechos sociales en nuestro país y la construcción de un estado que los garantice.
Hoy existe una amplia convicción que las actividades artísticas y culturales, más allá de la simple compra y venta, son indispensables para el desarrollo de las personas y los países, así como para el despliegue de sus libertades.
Es decir, debe considerarse la cultura y las artes como un derecho y una necesidad y debe asegurarse su acceso, pues permite la reducción de inequidades, contribuye a la participación comunitaria, desarrolla sujetos críticos y fortalece el espacio público, con miras a crear sociedades integradas, pensantes y solidarias.
Por ello, aspiramos a contribuir a la creación de un Ministerio de Cultura y las Artes que sea reflejo e impulsor de esta nueva sociedad que estamos construyendo. Un Ministerio que garantice la cultura y las artes como un derecho social.
Sabemos que sin políticas públicas activas en materia de la cultura y las artes es muy difícil que se reduzcan las brechas de acceso y menos aún que se direccionen recursos e inversiones sin el imperio de la lógica del mercado.
Solo la acción pública nos garantiza la incorporación de criterios de equidad, la promoción de la diversidad y la protección del patrimonio cultural de nuestras sociedades.
El proyecto sustitutivo en torno a esto plantea claramente en sus funciones la promoción de la cultura como un derecho, sin embargo, el cómo esto se garantiza se diluye para nosotros cuando vemos que las áreas artísticas estarán, en esta nueva institucionalidad, supeditadas al Servicio de Las Artes y las industrias creativas, donde en ningún momento se garantiza que el estado ejecute acciones, sino solamente políticas, planes y programas, pero si establece, cito textualmente: “desarrollar la cooperación, asesoría técnica e interlocución con corporaciones, fundaciones y demás organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del servicio, y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común”.
Quién nos garantiza que esto no acreciente la inequidad? ¿Quién nos garantiza que no siga engrosando solo un eslabón de la cadena? ¿quién supervigila ese accionar? porque una vez que los recursos públicos pasan a manos de privados para ejecutar políticas públicas, estos se comportan como privados, entonces quién da garantía a las regiones de acceso en igualdad de condiciones, ¿quién garantiza entonces el compromiso inicial que suscribe el proyecto? donde se señala claramente que la cultura es un derecho.
Los artistas sabemos muy bien que la asignación de un presupuesto no garantiza trabajos decentes, que muchas veces se ahorra en la contratación de obras o piezas artísticas y que el mejor gestor es aquel que consigue más presentaciones de manera gratuita. Dejar en manos de otros el cumplimiento de las políticas públicas es desentenderse de un deber del estado, dejar en manos de terceros derechos laborales es no entregar garantías a un sector largamente vulnerado.
Por tanto, solicitar una descripción más exhaustiva de este punto nos permitiría proteger la dignidad de los artistas trabajadores y sus creaciones y afianzar el compromiso que se ha asumido.
Lo referido no significa en ningún caso desestimar la importancia que tiene el Estado en la valoración y el apoyo presupuestario que creemos debe entregar a aquellas organizaciones de carácter privado que realizan una labor pública, sino más bien busca solicitar que se haga cargo de salvaguardar la política pública en todo su proceso de ejecución.
En el caso específico de las artes escénicas, estamos dando señales en ese sentido de cambio paradigmático.
Hace algunos días, presentamos a la Ministra de Cultura, una minuta de una propuesta de Ley Sectorial de las Artes Escénicas.
Una amplia gama de organizaciones relevantes y representativas del sector realizamos un amplio debate nacional que articuló una propuesta de ley que permite, a través de la legislación, abordar las diferentes situaciones que afectan al área.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la ministra recibieron nuestro trabajo con gran interés y definimos un calendario para avanzar en conjunto en este proyecto de ley.
Esa es una señal potente de avanzar en una nueva forma de abordar las políticas culturales en nuestro país y nos parece que resguarda hasta cierto punto la realidad del sector en la nueva institucionalidad que finalmente se genere.
La ley propuesta por las organizaciones que conforman la Plataforma de las Artes Escénicas a la ministra, contiene tres ejes esenciales para la valorización del área:
Definir el sector, para poder reconocer su especificidad dentro de las artes.
Establecer la singularidad de las actividades de la danza, el teatro y el circo.
Y establecer las artes escénicas como un derecho social, adoptando medidas de carácter legislativas y administrativas destinada a preservar el patrimonio material e inmaterial del sector, fomentando la investigación, la preservación y recuperación de archivos y la conservación de la infraestructura.
Esta nueva estructura sectorial nos permitiría avanzar en temas muy sentidos para nosotros como por ejemplo:
Buscar entregar herramientas para superar la enorme cesantía que afecta nuestro sector.
Necesitamos políticas culturales definidas por el estado que permitan la creación de fuentes de trabajo permanente y utilizar y poner en movimiento los centros culturales y teatros construidos desde el gobierno del presidente Lagos y que tiene su más amplio desarrollo en el primer mandato de la Presidenta Bachelet.
Teatros extraordinarios que no tienen financiamiento necesario y están evidentemente subutilizados, pero cuyo financiamiento no garantiza que los artistas sean contemplados en estos presupuestos.
Un ejemplo es el nuevo teatro GAM. La construcción del teatro es importante, pero el edificio no es un proyecto. Necesitamos un proyecto que sustente ese teatro con trabajo permanente para artistas, con lógicas de políticas nacionales y no de mercado.

Finalmente, aspiramos a construir un país democrático y con justicia social, que supere las enormes desigualdades que nos avergüenzan como sociedad e impulsar medidas como nuestro proyecto de ley sobre la eliminación de la exención del IVA a la que se acogen los mega eventos, muchas de ellas disfrazándose como actividades culturales, para pagar menos impuestos. Recursos que podrían ser utilizados en beneficio de un Fondo Solidario para el Artista Chileno.
Y los artistas y creadores estamos dispuestos a hacer nuestros aportes en aquello que, hasta ahora, hemos hecho por nuestra propia voluntad, y que hoy la sociedad exige como un proyecto país.
Recuperar el principio fundamental de la igualdad como el criterio central de cualquier sociedad verdaderamente libre. Y hablamos de una igualación de las posibilidades reales de cada ciudadano de vivir una vida plena, según el patrón que escoja, sin carencias o desventajas debidas a los privilegios de otros. Reforzar la construcción del estado como asignador de recursos en búsqueda del bien común.
Solamente una autoridad pública robusta y activa puede garantizar la protección contra la enfermedad, la promoción de conocimientos y de cultura, y la provisión de protección y empleo para todos.
Y la defensa de la democracia como la fuerza motora de que sean las legítimas mayorías las que definan nuestro destino como sociedad.
Por ello, debemos avanzar en nuestro país en aprobar una ley de Ministerio de la Cultura y la Artes que supere un modelo economicista y neoliberal que ha fracasado en todos los lugares del mundo donde se ha instalado, dejando aún más precariedad en los creadores, artistas, y audiencias, y que signifique nuevamente largos años de postergación para el desarrollo de las artes y la cultura en Chile.
No podemos perder esta oportunidad histórica de avanzar en la creación de una institucionalidad para que la cultura y las artes sean definitivamente un derecho social en nuestro país.
En un compromiso que debemos asumir con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
Muchas Gracias.

Discurso Jornada por el Ministerio de las Cultura organizado por Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

20 de Octubre 2014

Edificio

Ex Congreso Nacional

Soy “hija de”

Tras los dichos de la Presidenta de la Republica que señala que en el Frente Amplio están los “hijos de…” los líderes o militantes políticos de la Nueva Mayoría o la antigua Concertación y las múltiples reacciones que eso ha generado, como si se tratase de una ofensa de clase, de una caricatura burguesa, un deslizamiento de la idea “nosotros los hemos construido” o un solapado “somos los mismos” y a su vez las reacciones encendidas y ofendidas de quienes, por una parte, han querido separarse de esa afirmación y han declarado su origen popular, su origen clase media, su familia de región, sus viajes en micro, su deuda universitaria, para demostrar empíricamente su lejanía con la élite, quiero decir con fuerza y con un tremendo orgullo, soy “hija de”. Soy hija de Adriana Vasquez y Juan Gutiérrez Soto, ambos militantes socialistas, mi padre muerto hace casi 4 años, estuvo hasta el final activo en política y en su militancia, fue presidente de la FJS, presidente del Partido Socialista Histórico, fundador de la Coalición Democrática, secretario ejecutivo de la Concertación… ¡oh, qué miseria! Soy una hija de político ¡y de la Concertación!
Antes era un honor tener a alguien en la familia con la valentía de meterse en política, hoy es un horror del que hay que tratar de escaparse, una biografía que hay que borrar. ¡¡A otros con ese cuento!!
Vi en mi casa la práctica diaria del socialismo, jamás nos enriquecimos a costa de nada, no fuimos privilegiados con becas de ningún tipo, no heredamos casas ni autos, así que no me vengan a mí con caricaturas, y como yo, hay muchos hijos de militantes. Nuestra vida cambió mucho en los 90, sin duda, porque ya no nos perseguían y salíamos de una vida de clandestinidad (yo tenía 14 años).
De algo de lo que soy muy consciente es que esta larga transición trajo consigo una serie de prácticas que empiezan a instalarse en la política, algunas definitivamente impresentables, y que lentamente mucha gente empieza a dejar de creer en ese proyecto democrático o darse cuenta que ahí no sucederán grandes transformaciones sociales, que ve con lejanía la aparición de una clase política que ya no da cuenta de lo que el país requiere y habla de un horizonte de desarrollo y progreso que no logramos percibir en nuestras vidas, esto de la mano de un creciente gusto, de algunos, del poder por el poder y el dinero.
Quiero volver a mi padre, porque ya no está vivo para indignarse, como le gustaba, cuando constataba que se había perdido el rumbo en una discusión. Si, fue profesor de Castellano, estudió en la Universidad Técnica -fue el primero en estudiar de 10 hermanos-, hijo de obrero, vivía en San Miguel, siempre fue sencillo y su única herencia fueron toneladas de libros que aún no sabemos dónde meter. Pero la verdad, no veo que nada de eso sea garantía de nada, lo importante para mí es que mis padres me hicieron sensible al mundo, respetar la política y quizás buscándola o arrancando de ella, llegué al arte y luego, sin darme cuenta, a asumir un cargo político sindical, representando a mis compañeros y compañeras por ya casi 6 años. Soy parte de un directorio en el que trabajamos Ad honorem, esta experiencia también me hizo formarme y entender, ahora en carne propia, por qué y para qué hacemos política.
Hoy, después de muchas reflexiones, salgo del escepticismo crítico y contemplativo y doy un paso determinante, por primera vez en mi vida, decido integrarme a un movimiento político, que trabaja por abrir una nueva vía y opción para el país, un proyecto en construcción (no nos cansamos de decirlo) y justamente de esos procesos es de los que me gusta ser parte, como a mi padre. La contingencia electoral y su fervor presidencialista, son solo la cara más visible y personalizada de un proceso político que es colectivo y me pregunto: ¿Para que caer en esta lógica de justificar nuestra existencia, de castigar a alguien que no tiene un origen popular, de alabar a quien confronta un padre de derecha? Como si eso en si mismo fuera un mérito o un defecto ¿Cómo creer que hoy un proyecto político debiese estar integrado por una masa homogénea?
¡No, compañeros! Todos tenemos derecho a querer cambiar Chile, a avanzar en el compromiso ético de una sociedad distinta, donde prime el bien común, donde derrotemos este modelo económico y cultural que nos tiene atomizados, donde hacer política no sea despreciable per se, sino que dependa del tipo de política que hacemos. No temamos a ser criticados pero tengamos el coraje de enfrentar con orgullo lo que somos.
No nos avergoncemos de nuestro origen, cualquiera sea éste, no sintamos culpa de ser quienes somos. En el Frente Amplio no debe existir castigo a la cuna. No caigamos en la trampa que nos divide, porque las ideas las defienden quienes creen profundamente en ellas y ese no es un derecho exclusivo de algunos, sino de quienes estén dispuestos a llevarlas a sus acciones y a la práctica cotidiana.

No me pidan que niegue a mis padres, porque no lo haré  nunca.

145L

Si tuviéramos que explicar a un ciudadano de este país, o incluso de otro, que en Chile existe una categoría de trabajador dependiente que firma su contrato laboral (con las garantías que la ley otorga en salud, previsión y seguros) y al que, a su vez la ley exige que entregue una boleta de honorarios por esa misma labor, como trabajador independiente, cualquiera pensaría que es una locura.

Sin embargo, esto no es ficción, es la realidad de los trabajadores de las artes y del espectáculo, quienes, tributariamente siguen siendo considerados independientes.

La ley de Trabajadores de Artes y Espectáculos, contemplada en el Código del Trabajo en los artículos 145A y siguientes nos otorga la garantía de ser trabajadores como cualquier otro; sin embargo, el artículo 145L exige que todo trabajador del mundo de las artes y del espectáculo, por ser considerado tributariamente un independiente, emita una boleta de honorarios siempre, incluso cuando tiene un contrato laboral vigente y al día por esa misma labor.

Esta figura trae nefastas consecuencias a la liquidez de un área que se caracteriza por salarios bajos. Un salario con descuentos del 30% (20% en el contrato laboral y 10% en la boleta de honorarios) no resulta atractivo para ningún trabajador, especialmente cuando su labor se desarrolla en un sector cuyas oportunidades laborales son intermitentes y discontinuas, sin seguridad de que se contará con ellas al mes siguiente.

Finalmente, el sector de las artes y del espectáculo está conformado, en gran medida, por empresas productoras, dependientes de fondos o de un mandante con presupuestos ajustados, quienes al asumir el costo extra de la boleta generalmente terminan castigando los salarios o incumpliendo la normativa laboral mediante el uso extensivo del contrato a honorarios.

¿Por qué no se ha retirado esta norma si todos concuerdan con que es absurda y corresponde a un pequeño artículo que solo genera daño y confusión? Al menos así nos lo han manifestado el Ministerio del Trabajo, el Consejo de la Cultura, el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos, sindicatos de trabajadores y los empresarios del sector. Todos, absolutamente todos, se cuadran detrás de la eliminación del famoso artículo 145L.

La respuesta es muy simple: no se ha derogado porque no es prioridad en la agenda.

El llamado es, entonces, a las autoridades del Estado que bien conocen este tema para que lo conviertan en prioridad antes de que finalice el gobierno y logremos este pequeño gran cambio. Es una tarea urgente, que no puede esperar más.

Carta al Director, publicada en el Diario El Mercurio el 20 de Abril de 2017

Intervención en la Comisión de Educación y Cultura del Senado

SOBRE LA INDICACIÓN SUSTITUTIVA QUE CREA EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

Agradecer la invitación a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, para exponer algunos puntos que desde las organizaciones que represento nos parecen sustanciales que se tengan en cuenta en un debate como este. Quisiera aclarar que la intención de esta intervención no aspira en lo más mínimo defender parcelas mezquinas, ni privilegiar intereses específicos, lo que hoy estamos construyendo es una futura institucionalidad para la cultura, que debe sobre todo encarnar principios de gobernanza democrática inclusiva y robusta para dar forma y fondo al espacio que la cultura debe tener en la construcción de sociedades más pacíficas , más democráticas y más justas para sus ciudadanos.

I.- TRANSVERSALIDAD Y PARTICIPACIÓN

Profundizar en el compromiso con la cultura y el arte de nuestro país es una tarea que se ha tomado con seriedad desde el Estado y desde el parlamento, pero también y desde mi rol, quisiera destacar el enorme compromiso ciudadano que ha existido desde el inicio de este proyecto de ley y las decenas de encuentros que se han tenido a lo largo del país, para generar una propuesta que permita dar una institucionalidad a la cultura que realmente de cuenta de su naturaleza, tan compleja y única. El que tenemos hoy, es un proyecto robusto y ampliamente validado, incluyendo en esto a la cámara de diputados. La participación ha sido y seguirá siendo clave, así como en su construcción, hoy, está presente de manera inédita en esta estructura orgánica. El mejoramiento de la participación a través de un consejo amplio, diverso e inclusivo, mejora enormemente el actual directorio nacional, el que, si bien ha cumplido una etapa, no ha logrado ser un efectivo representante de la sociedad civil ni ha garantizado mayor transparencia, ya que se ha constituido en una suerte de elite que poca relación tiene con las organizaciones o la sociedad civil en su conjunto. La nueva propuesta, hasta donde la conocemos, entrega garantías de mayor representación, presencia de regiones, de pueblos originarios, de mujeres y a partir del reglamento, tendremos la oportunidad de mejorar la selección de estos representantes, un paso enorme para una institucionalidad que ha sido pionera en torno a los esfuerzos en materia de participación ciudadana, previo a la entrada en vigencia de la ley 20.500.

Hemos escuchado en reiteradas ocasiones que el arte y la cultura deben estar en el centro, quisiera hacer una observación en torno a esta afirmación y con ello resaltar un valor que tiene el proyecto sustitutivo,  yo no creo que la cultura deba estar en el centro, el arte y la cultura deben ser transversales, deben poder dialogar con los diferentes componentes de una sociedad y desde una institucionalidad, esto significa poder dialogar con todos los componentes  de la estructura del Estado, como consigna este proyecto, el Ministerio de las Culturas, las artes y el patrimonio , propenderá a su incorporación en forma transversal en la actuación del Estado, rasgo inusual en los órganos de gobierno, pero absolutamente necesario para poder aportar al desarrollo del país con una mirada integral e innovadora, que no aborde las temáticas de manera unívoca. Este rasgo institucional se hace cargo de una realidad, porque la cultura afecta directamente el cómo los ciudadanos se relacionan con la salud, la educación, la seguridad, el género, la diversidad, la desigualdad, la economía, con el trabajo, con la justicia  y más. El arte a su vez, es un componente transversal crucial en un sinnúmero de espacios vinculados a la justicia, a la infancia, a la educación, al motor económico y de innovación, al fortalecimiento territorial, a la seguridad, a las habilidades blandas, a la felicidad y a la calidad de vida, entre otros valores. Nos equivocamos cuando miramos el arte o aún peor la cultura, únicamente en lo disciplinar, como un espacio aislado, propio de la elite. Cada uno de ustedes en sus circunscripciones habrá podido contemplar cómo los ciudadanos encuentran formas diversas, muchas veces enfrentando obstáculos por parte del propio estado, para ejercer un derecho humano, participar culturalmente de sus territorios y habrán visto como de ellos emergen expresiones populares.

En la medida que avancemos en garantizar un acceso equitativo, estas expresiones pueden dialogar con múltiples disciplinas artísticas, de distintas naturalezas, lo que constituye un aporte incalculable a la diversidad cultural.

II.- DIVERSIDAD CULTURAL E INTERCULTURALIDAD

Como ustedes bien saben, Chile ratificó el año 2007, la Convención para la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. Esta hoja de ruta internacional de la UNESCO, señala recomendaciones recogidas por este proyecto y a su vez presenta aspectos centrales en torno a fomentar el diálogo entre las culturas en pro del respeto intercultural y la cultura de paz.

El proyecto sustitutivo de esta manera se hace cargo de lo recogido en la consulta indígena en materia de pueblos originarios, asumiendo una realidad cada vez más presente en nuestro país: la multiculturalidad y con ello la necesidad y respeto que debe existir por la diversidad cultural, de manera armónica y equitativa. Quisiera hacer en esto una breve referencia al nombre de la nueva institucionalidad propuesta, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el término “las culturas” viene a hacer un reconocimiento nominal y estructural a lo que ha estado ausente e invisibilizado, es importante que sepamos la potencia que tiene el lenguaje en este sentido y reconocer desde este, a quién ha sido marginado históricamente, esto constituye un justo reconocimiento que ubicaría a Chile junto a aquellos países que han sabido mirarse desde su diversidad cultural y con ello han incrementado el respeto, la paz social, la tolerancia y la justicia. De esa manera, tal y como lo plantea el espíritu de esta convención, en un contexto de globalización creciente, desde el Estado se hagan todos los esfuerzos necesarios para proteger la riqueza diversa de la identidad cultural de nuestro país.

Otro aspecto relevante en esta materia, pues se encamina a un reconocimiento de  identidad territorial y de acceso equitativo, dice relación a un verdadero compromiso descentralizador, con verdaderas facultades para los SEREMIS, quienes estarían habilitados para diseñar e implementar programas propios, atendidas sus identidades y particularidades culturales. Esto es, no sólo implementar y proponer políticas, no sólo ejecutar planes y programas nacionales, también cuenta con la atribución para crear los suyos y adaptar los nacionales a sus características regionales.

Un cambio sustantivo que no desconoce lo que se ha hecho, ni lo que claramente podemos mejorar, pero orienta a través de este instrumento el desarrollo cultural y artístico de todo el país.

III.-VALOR ESTRUCTURAL DEL PROYECTO  

Una estructura orgánica que da cuenta del carácter excepcional de lo cultural. Dos subsecretarías, que delimitan dos grandes estructuras que contarán con una estructura institucional y administrativa sólida. Valorar que se haya revisado modelos y probablemente problemáticas que se generaron en otros proyectos que llegaron a puerto con bastantes deficiencias, como el Ministerio del Deporte, donde aparece un Ministro que poco puede hacer en lo operativo o en la implementación de políticas, pues sigue siendo el IND el que cumple esa labor. En este caso en cambio la presencia de un organigrama en coherencia y dos responsables administrativos (Subsecretarios), más un Ministro(a), que permitan ejercer las funciones con mayor eficiencia y compromiso con la política pública y que toma con seriedad la magnitud de los temas que le competen.

Podríamos decir que este proyecto se encamina a garantizar los derechos culturales de los ciudadanos.

Derechos Culturales, que no son la cultura en sí misma, sino que el grado de exigibilidad de estos y están consagrados como derechos humanos desde la Declaración Universal de 1948 y en especial en el Artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el que da vida a una familia de derechos,  llamados de Segunda Generación.

Garantizar equidad en el acceso, descentralización, desarrollo artístico y cultural depende de todas las personas y toda la colectividad, pero son los actores públicos los que tienen la responsabilidad de integrarlos en sus legislaciones, asegurando su respeto y salvaguardia, con el fin de evitar que aquellas personas en desventaja económica o segregación social se vean marginadas del desarrollo y la riqueza cultural de su país.

Tal como lo señaló el director de la UNESCO en 1970, en el primer Encuentro sobre los aspectos jurídicos institucionales, públicos administrativos, financieros fiscales de las políticas culturales, desarrollado en Venecia: “si todo hombre tiene derecho, como exigencia de su dignidad esencial, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad, o mejor, de las comunidades a las que pertenece, entre ellas, seguramente, la comunidad-limite que es la humanidad, de ello se deriva que las autoridades responsables de esas comunidades tienen el deber de proporcionar los medios, en la medida de los recursos de que dispongan para que esa participación sea efectiva… Este es el primer fundamento y el primer fin de la política cultural”.

Por último, no puedo dejar de mencionar que proteger y respetar los derechos, tanto laborales como de propiedad intelectual de los artistas, cultores popular y trabajadores de la cultura en general, no entra en disputa con nada de lo anteriormente expuesto, resulta doloroso ver como cada vez aparece de manera más asidua discursos sesgados, que hablan de la dependencia  de los artistas de la institucionalidad cultural, como si fuese este un acto de aprovechamiento individualista de quienes, muchas veces, pagan por hacer su trabajo o no perciben por él remuneración de ningún tipo. Estas afirmaciones son a lo menos injustas y carecen de todo sustento, pues el rol que estos cumplen materializa el hecho artístico o dinamizan la acción cultural, así como los profesores en la educación. El rol del estado en materia de arte y cultura es preponderante en prácticamente la totalidad de los países del mundo , sobre todo aquellos desarrollados, por lo que pretender o aspirar a figuras gerenciales que solo propendan a dinamizar el rol económico, es jibarizar todos los conceptos anteriormente señalados y perjudicar finalmente a los ciudadanos.

Espero que la visión de esta honorable comisión, nos ayude a dimensionar como sociedad, el real valor que tiene esta nueva institucionalidad para los ciudadanos y  de esa manera comprender que la cultura y el arte trascienden las sociedades, marcando una huella profunda en las historia de los pueblos, no podemos permitir que nuestro país y su enorme riqueza cultural, no se brinde el Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio que merece.

Muchas gracias.

 

Derechos Culturales: Una Oportunidad que nos deja el proceso constituyente

En el marco del actual debate sobre el proceso constituyente, este ensayo plantea un análisis sobre la presencia de la cultura en nuestra Constitución y los desafíos que enfrentará  el Estado con la creación del futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asistimos a un cambio de modelo de acción pública basada en el reconocimiento, defensa y garantía del derecho a la cultura, pensada no como un bien de consumo, sino como el motor del desarrollo humano de una sociedad plural.
Cuando nos convocamos a una discusión constituyente se generan las condiciones óptimas para abordar el estado del arte en materia de derechos sociales y culturales.

En la actualidad, la sociedad chilena parece haberse agotado de esa etapa que la condenaba a una supervivencia individualista y despertó, desde el colectivo, a la demanda de derechos sociales que estaban sepultados, absorbidos por la lógica del mercado.

La actual Constitución resulta inaceptable desde esta perspectiva, pues su naturaleza subsidiaria incorpora la lógica del mercado en cada uno de los “derechos” garantizados en ella. A modo de ejemplo, en el capítulo III referido a los derechos y deberes, sobre el derecho a la salud (Artículo 19, nº 9) señala: “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado.” Del mismo tenor es lo que consigna en materia de derechos consagrados a la educación y la protección social. Podemos encontrar otro ejemplo gráfico en el mismo capítulo (Artículo 19, nº 11) sobre la libertad de enseñanza: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.”

Estos extractos evidencian que nuestra Constitución, en el ámbito de los derechos, en lugar de garantizarlos más bien los restringe y otorga libertades al mercado.

En este contexto, la cultura también se ha visto perjudicada, no por su omisión en el texto constitucional, sino porque esta lógica ha permeado todos los ámbitos de la sociedad actual. Es así que, independiente de su ausencia en la carta fundamental, se rige bajo la misma lógica subsidiaria y las acciones que se puedan hacer en materia de políticas culturales no trascienden más allá de los esfuerzos aislados de una voluntad política de turno.

Es por este motivo que resulta pertinente que podamos realizar un esfuerzo colectivo, por una parte, para reflexionar sobre cuánto esperamos avanzar como sociedad en este ámbito y, por otra, cuánto estamos dispuestos a hacer para asumir este compromiso.
A raíz de esta realidad instalada, quienes pertenecemos al mundo de la cultura empezamos a flamear una bandera, cuyos colores aún no son nítidos para nuestros ciudadanos: los derechos culturales.

El término cultura abraza y ahí está su valor, en una multiplicidad de formas de expresión que propenden a la paz, la tolerancia y el respeto por la diversidad, a través de las formas de vida, lenguaje, literatura escrita y oral, música y canciones, comunicación no verbal, sistemas de religión y de creencias, ritos y ceremonias, deportes y juegos, métodos de producción, tecnología, entorno natural y todo aquello producido por el ser humano, como la comida, el vestido y la vivienda. Así como las artes, las costumbres y tradiciones por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, estableciendo una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas, la cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de los individuos, grupos y comunidades.

Los derechos culturales no son la cultura en sí misma, sino que el grado de exigibilidad de estos, los cuales están consagrados como derechos humanos desde la Declaración Universal de 1948, aunque para muchos en Chile aparezcan difusos al lado del derecho a la educación, a la salud o a la protección social. Sin embargo, en el contexto del proceso constituyente, pudimos incorporarlos tímidamente en la discusión y, de paso, clarificar su significado, su valor y su pertinencia en un debate sobre el país que queremos y el compromiso que éste establece con sus habitantes.

Marco para una conversación.

Los Encuentros Locales Auto-Convocados y los posteriores Cabildos, como instancias participativas del proceso constituyente, se estructuraron en base a la selección de una lista que contenía valores y principios, instituciones y derechos, siendo estos últimos los que generaban especial atención en los ciudadanos por su capacidad de moldear el tipo de relación que existe entre ellos y el Estado. El abordaje de los derechos, en la Constitución actual, está  fundamentalmente anclado en el resguardo del derecho a la propiedad y a la libertad de elegir que tienen las personas. Es así como las puertas han quedado abiertas para que el mercado administre nuestros derechos sin mayores restricciones, pues nada se lo impide constitucionalmente.

Pero, ¿qué  plantea la actual Constitución en materia cultural? “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.”(1)

Y en el derecho a la educación nos encontramos con lo siguiente: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.”(2)

Eso es todo lo que nos brinda nuestra Carta Magna en materia de arte y cultura, los únicos derechos referido son el de autor, el de fomentar la creación artística en el ámbito educativo y proteger e incrementar el patrimonio. No se menciona nada vinculado a los ejercicios ciudadanos de participación y acceso; menos aún, a la expresión de la diversidad de expresiones culturales de los habitantes de nuestro territorio. Un mezquino compromiso si lo comparamos con lo que señala la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten (Art.27).” (3)

Esto sitúa a Chile muy por debajo de los estándares internacionales y de los compromisos que el país ha asumido internacionalmente. Urge entonces que la nueva Constitución se haga cargo de respetar esos compromisos, acorde a la sociedad en que nos desenvolvemos hoy.

Podríamos decir que, para Chile, consolidar estos derechos es una deuda, considerando que su ejercicio representa aún graves obstáculos para nuestros compatriotas, tanto en materia de acceso, participación y diversidad cultural, como también en compromiso normativo. El derecho a la cultura, mediante diversas normas, está presente en las constituciones de los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, reafirmando así la relevancia que estos Estados otorgan a los derechos culturales.

La cultura, entonces, es reconocida mundialmente no solo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también por instrumentos internacionales, en especial en el Artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que da vida a una familia de derechos, llamados de Segunda Generación.

La promoción y protección de la diversidad de expresiones culturales, consagrada en la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales (Unesco, 2005),(4) ratificada por Chile el 2007, buscó, en espíritu, hacer frente a la vorágine globalizadora para salvaguardar la riqueza cultural de los pueblos, la que no puede
protegerse sin poner en práctica los derechos culturales, cuya violación afecta fundamentalmente a aquellos que se encuentran en condición de desventaja económica o segregación social o cultural.

Este tratado, vigente y de carácter vinculante para los 25 países que lo han ratificado, recogió los principios y el reconocimiento al derecho soberano que los Estados tienen para adoptar medidas y políticas que les permitan proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. Esta diversidad hace referencia a la multiplicidad de formas (actividades, bienes y servicios) con que se expresan los grupos culturales y las sociedades.

El derecho de las personas a manifestar sus expresiones culturales se encuentra respaldado por esta convención, en la medida que afirma la soberanía que tienen los países para establecer sus propias políticas culturales.

Como un desafío unificador, la Declaración de Friburgo del año 2007,(5) reúne de manera valiosa esta serie de herramientas internacionales diseminadas: la Declaración de Derechos Humanos, los dos pactos internacionales de Naciones Unidas y la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001),(6) las que constituyen un valioso esfuerzo para clarificar los derechos culturales e invitar a Estados, la sociedad civil en general y al mundo privado a valorarlos y respetarlos como expresión y exigencia de la dignidad humana.

La implementación de estos derechos depende de todas las personas y toda la colectividad, pero son los actores públicos los que tienen la responsabilidad de integrarlos en sus legislaciones, asegurando su respeto y salvaguardia.

En esta declaración se consideran, dentro de los derechos culturales, el respeto a la identidad cultural y el patrimonio, la libertad de participación en comunidades culturales y el acceso y participación en la vida cultural, lo que implica tomar parte, acceder y contribuir a la vida cultural.

Resulta valioso aclarar que el derecho a participar está directamente vinculado con el derecho al acceso; es este último el que considera la oportunidad real y concreta, garantizada por el Estado, para que todos los individuos o comunidades —por más aisladas que se encuentren— puedan participar de la vida cultural de su comunidad y de su país.

En la medida que avanzamos en los instrumentos que existen en materia de derechos culturales, podemos ver el retraso que vivimos en nuestro país y como, erradamente, se homologa la demanda por derechos culturales a demandas sectoriales de carácter acotado.

Lejos de ser así, estos atraviesan la realidad cotidiana de millones de habitantes que mantienen viva la cultura.
Debemos entender que, si la cultura es un derecho, entonces es una preocupación pública que asume el Estado y que desde ese lugar es absolutamente pertinente abordarla en este proceso constituyente y en las discusiones futuras en materia constitucional.

Para que el ejercicio de la ciudadanía se concrete, el Estado debe, en primer lugar, reconocer los derechos culturales en su Carta Magna, en sincronía con los instrumentos internacionales y con la realidad de la vida cultural del país.

Tal como lo señaló el director de la Unesco en 1970, en la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales desarrollada en Venecia: “si todo hombre tiene derecho, como exigencia de su dignidad esencial, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad, o mejor, de las comunidades a las que pertenece, entre ellas, seguramente, la comunidad-límite que es la humanidad, de ello se deriva que las autoridades responsables de esas comunidades tienen el deber de proporcionar los medios, en la medida de los recursos de que dispongan para que esa participación sea efectiva (…) Este es el primer fundamento y el primer fin de la política cultural.” (7)

Equidad, multiculturalidad y descentralización.

La actual Constitución, de carácter subsidiario, no es el horizonte donde quisiéramos mirar los derechos culturales, pues en ella toda materia de derecho es en realidad un espacio para incorporar al mercado en su administración, todo esto amparado en la supuesta libertad de elegir de los ciudadanos. Quienes demandamos el derecho a la cultura queremos formar parte de una nueva Constitución, una que hable de verdaderos derechos, lo que significa que estos sean una preocupación pública y no privada.

¿Qué significa que el derecho a la cultura no esté presente en nuestra Constitución? Sin duda, son muchos los daños que podríamos mencionar al respecto, pero quisiera abordar un aspecto central, especialmente grave, en un escenario de ausencia de los derechos culturales consagrados: la segregación social.

Creer que la existencia de la vida cultural va a persistir solo de manera espontánea o por la voluntad individual de las personas es falaz y lo que esta premisa hace, finalmente, es otorgar todo el poder, una vez más, al mercado, para que los ciudadanos que cuenten con las condiciones exigidas, puedan acceder a una activa, rica y diversa vida cultural dejando al margen a quien no posea dichos medios.

Este daño social provoca que existan ciudadanos condenados, por sus condiciones materiales o geográficas, a no ser parte de la vida cultural, sino a la marginación y la invisibilidad, porque como sociedad no somos capaces de hacernos cargo de las barreras que tienen miles de personas de participar y expresarse culturalmente.

Debemos entender desde la sociedad civil y el mundo político que ésta no será nunca una demanda ciudadana masiva, porque es un derecho que desconocemos, incluso cuando lo ejercemos; la naturaleza de la cultura, amplia y difícilmente clasificable, también obstaculiza la visualización de ésta como un derecho.

Otro aspecto especialmente dañado por la segregación y la falta de equidad es la multiculturalidad. En un país en donde se impone un tipo de cultura como predominante, las otras, fundamentalmente la de los pueblos originarios, requieren un especial cuidado, protección y defensa para que pueda seguir desarrollándose de manera armónica y en convivencia natural con las otras culturas.

La invisibilidad en las que se encuentran sumergidas estas culturas, obtuvo un importante paso de avance con los resultados de la consulta indígena realizada en el marco del debate y discusión del proyecto sustitutivo de la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Su presencia en la institucionalidad y la política pública se vuelve urgente para restituir su espacio en nuestra identidad cultural.

Asimismo, el incremento de inmigrantes en nuestro país nos obliga a asumir un compromiso mayor y sustantivo para respetar y resguardar sus diversidades culturales, permitiendo que éstas se expresen libremente en nuestro territorio y, más aun, enriquezca nuestro acervo cultural.

Por último, en este abordaje de la falta de equidad en materia de derechos culturales, no podemos dejar fuera como el centralismo extremo de nuestra estructura de Estado genera una cruda inequidad entre la capital y las regiones y provincias del país, cuyos habitantes se encuentran limitados de múltiples maneras.

Solo por mencionar algunas, los artistas y creadores que habitan en ellas, con dificultad pueden dedicarse a su actividad; los investigadores y cultores populares ven cómo la tradición de la que son portadores se extinguiría si no fuese por los esfuerzos que ellos mismos realizan; y, por último, los ciudadanos que son privados del acceso a la cultura son parte de una realidad dolorosa, ya que, actualmente en Chile, existen muchas personas que no han tenido posibilidad de experimentar mayor diversidad cultural, que enriquezca su propio desarrollo.

En nuestro país, la manera en como se abordan las políticas culturales, desde la óptica del derecho o no, es hija de la contingencia y de la voluntad política de turno, por lo que, en materia de derechos culturales, estamos siempre comenzando desde cero y con una línea editorial distinta. La presencia de los derechos culturales en nuestra Constitución reduciría su carácter volátil y ambiguo, a través de un acuerdo nacional y colectivo.

Es cierto que existen opositores a que este derecho se consagre en nuestra Constitución, pero quienes lo defendemos tenemos la certeza de que estamos hablando de un aspecto esencial en la vida de las personas, que se encuentra debidamente fundamentado.
Quienes miran el desarrollo cultural desde el mercado banalizan la trascendencia que tiene el arte y la cultura en el ser humano, lo individualizan, como si se tratara de una preocupación individual que debe ser satisfecha a través de los ingresos económicos propios, o la catalogan de simple entretenimiento o divertimento.

Prefieren olvidar que ésta es una preocupación social y colectiva de potencia transformadora, con capacidad de generar o regenerar, en nuestro caso, un tejido social robusto. La democratización de la cultura rompe los muros de la segregación y constituye una acción real destinada a cambiar la vida de las personas.

Proceso cultural y constituyente.

Este proceso constituyente ha sido, sin lugar a dudas, una manifestación cultural colectiva, un intercambio de ideas, sentires, reflexiones, aspiraciones y sueños sobre el país que queremos. Lejos de pensar en resultados aún, nos hemos permitido realizar el ejercicio de parlamentar, de entendernos, recuperar una tradición cultural tan olvidada, pero a su vez tan saludable para la democracia.

Tuve la fortuna de asistir, en calidad de oyente y también como moderadora, a un Encuentro Local Auto Convocado, tanto desde SIDARTE como aquel que realizamos desde La Coalición Chilena por la Diversidad Cultural. Estos espacios resultaron ricos en discusión respecto de los derechos culturales, término que ni siquiera se encontraba sugerido en el acápite sobre los derechos “oficiales” del formato tipo.

Lo que aparecía en esta materia era el acceso y la identidad cultural, restando, con ello, componentes esenciales como participación y expresión, ambas contenidas en la definición, ya mencionada, de derechos culturales.

Haciendo un ejercicio de síntesis, quisiera compartir algunos puntos que me parecieron relevantes de estos encuentros:

1. El valor de participar: construir una discusión y reflexión proyectada en el tiempo, alejada del carácter exitista e instantáneo, es en sí un aporte para el Chile de hoy; temas como la cultura deben fermentar socialmente y para ello se requiere de tiempo y libertad para reflexionar. Si bien los encuentros correspondían a un formato específico, permitían incorporar conceptos nuevos y desataban largas exposiciones para clarificar o debatir; tanto así que algunos de ellos se prolongaban por todo el día, otros suscitaban almuerzos o cenas y otros requerían encuentros posteriores, incluso en algunos casos extendiendo la conversación a foros virtuales a través de las redes sociales, en Twitter, Facebook o derivando en grupos de discusión vía WhatsApp. Si bien cuando observamos las cifras de participación ciudadana —que es aún incipiente para lo que podemos aspirar como país, ya que 106.122 personas fueron las que se auto convocaron en este ejercicio—, debemos poner atención cuando sabemos que de estos el 54% fueron mujeres y 46% hombres. Este último dato en materia de género debiese impulsarnos a cuidar la participación de las mujeres en el debate constitucional, del que han estado históricamente marginadas hasta el día de hoy, incluyendo la cultura.

2. El respeto por la diversidad: las convocatorias a las que me tocó  asistir eran abiertas, lo que significaba que no sabías con quién te iba a tocar intercambiar opiniones y con ello, inmediatamente, se puso en acción el respeto por la diversidad de opiniones, valorando la diferencia y enriqueciendo las posturas. Pese a algunas encendidas discusiones, siempre primó el respeto y la amistad cívica. En torno a la diversidad cultural todavía el debate constitucional debe vencer barreras culturales, incentivando, especialmente, la participación de grupos inmigrantes, pueblos originarios y cultores populares.

3. Desconocimiento de los derechos culturales: el espacio de debate en torno a la diversidad e identidad cultural, el acceso y participación, nos obligaba a reflexionar a qué nos referimos cuando hablamos de ellos. No deja de asombrar lo poco que sabemos al respecto como sociedad; para empezar, desconocemos que los derechos culturales son parte de los derechos humanos. La tarea será entonces hacer un esfuerzo, desde la institucionalidad y la sociedad civil, para dar a conocer dichos derechos y la importancia que tienen en nuestra vida en comunidad.

Un desafío que recién comienza.

Ya han pasado 68 años desde que se consagró el reconocimiento internacional a los derechos culturales; en Chile parece haber transcurrido muy lentamente la asimilación de estos derechos, sin presencia en nuestra Constitución, ni en la legislación que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el 2003. Por eso debemos saldar deudas en esta materia y no esperar más que esta solución provenga desde la clase política.

De este proceso constituyente y del debate que el mundo de la cultura está reiniciando sobre derechos culturales, podemos decir que queda mucho camino por recorrer. Este fue solo un primer paso, muy significativo para darnos cuenta en qué punto estamos, pero muy incipiente cuando constatamos lo poco presente que está entre los ciudadanos el derecho a participar y acceder a la vida cultural de su país.
Los derechos culturales y la diversidad cultural son motores de sociedades pacíficas, tolerantes, ricas en identidad, colaborativas y que estimulan un desarrollo sostenible, en armonía con nuestro entorno. Quizás no estemos familiarizados con estos conceptos en la actualidad, pero sin duda así es la sociedad en la que quisiéramos vivir.

Para ello debemos situar esta conversación en un ámbito abordable y que nos permita distinguir con claridad la dimensión pública de los derechos culturales, el rol del Estado y su consiguiente repercusión en la política pública. En este sentido, vale la pena advertir la doble dimensión que tienen participación y acceso: por un lado les permite a los individuos ejercer su derecho a la cultura de manera activa (formar parte, crear y contribuir), así como pasiva (acceder y disfrutar).

No es sencillo saber dónde exactamente estamos en esta materia, pues tenemos una serie de legislaciones, políticas públicas y programas en desarrollo que debemos observar desde la perspectiva del derecho, con herramientas especialmente destinadas a ello, para así reconocer lo que tenemos, conducir nuestro rumbo, saber hacia donde nos queremos dirigir y por último, algo que muchas veces olvidamos, evaluar nuestros progresos.

Sin embargo, debemos salir de las conversaciones reducidas sólo entre quienes estamos convencidos de este derecho y llevarlo a las personas en diferentes rincones del país, considerando todas las edades, integrando especialmente a los estudiantes, que han estimulado a la sociedad a movilizarse, brindando espacios reales para los pueblos originarios e integrando genuinamente a la población inmigrante. Debemos desafiarnos a ampliar la discusión que estamos sosteniendo en el mundo de la cultura para integrar nuevas voces que permitan una transformación cultural. Este es
un desafío significativo que requiere gran unidad y cohesión del mundo social de la cultura, para mirar más allá del presente y atrevernos a transformar la realidad en la que estamos inmersos.

Si no logramos dar este paso, si no logramos reconocer los derechos culturales, estaremos tratando con indiferencia un aspecto esencial del ser humano: su felicidad y su plena realización. La cultura no se ubica en el plano de la sobrevivencia física y cotidiana, no existe un consumo básico que nos deje satisfechos, medido por estándares internacionales. La cultura está en el lugar de los anhelos, es aquello que es profundo, imperecedero y que pasa de generación en generación. A eso definitivamente no podemos darle la espalda.

1 Decreto Supremo nº 1.150, de 1980. Publicado en el Diario Oficial el 24 de
octubre de 1980.
2 Decreto Supremo nº 100, de 2005: Fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Constitución Política de la República. Publicado en el
Diario Oficial el 22 de septiembre de 2005.
3 Para mayor información sobre la Declaración de Derechos Humanos, ver
http://www.un.org4 Para mayor información, ver http://unesdoc.unesco.org
5 Para mayor información, ver http://www.culturalrights.net
6 Para mayor información, ver http://unesdoc.unesco.org

7 Para mayor información, ver http://unesdoc.unesco.org

Referencias bibliográficas.

-Constitución Política de la República de Chile
-Observatorio de la Diversidad y los Derechos Culturales. (2007). Declaración de Friburgo. Recuperado de http://www.culturalrights.net
-Unesco (1970). Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org
-Unesco (2010). Derechos Culturales: Documentos básicos de Naciones Unidas. Recuperado de http://www.unescoetxea.org
-Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de http://www.un.org
-Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1966). Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuperado de http://www.ohchr.org

Artículo publicado en la revista Observatorio Cultural nº32, http://www.observatoriocultural.gob.cl / ISSN 0719-1853

Nada es casualidad: La fuerza de la organización

Hoy el discurso que satanizaba los derechos laborales y que ubicaba al artista como un ser etéreo, sin necesidades mundanas, está quedando atrás. Las personas que pensaban que imponíamos una doctrina absolutista, hoy comienzan a entender que nadie está siendo obligado a ser lo que no es, que nadie está siendo obligado dejar de ser artista por ser trabajador.

Hace unos días leía sobre las demandas de los trabajadores de la ciencia, los que justamente reclaman hoy con fuerza su derecho a contrato laboral. He seguido atentamente sus comentarios ¿Por qué? Porque nada es casual.

Este año particularmente ha sido clave para ver efectos concretos de nuestro trabajo sindical y me lo recuerdan hoy dos hitos: la postulación a fondos y la Muestra de Dramaturgia Nacional.

Porque después de años de negación, diciéndonos que era imposible lo que solicitábamos (simplemente respetar los derechos laborales de los artistas y trabajadores del arte) hoy vemos esfuerzos concretos desde el CNCA por transformar para siempre la realidad de los trabajadores (de todas las áreas).

Presenciamos una Muestra de Dramaturgia -dirigida en esta versión por Aliocha de la Sotta y Jaime Lorca- que tiene contratado a cada uno de sus trabajadores que se encuentran bajo subordinación y dependencia, y a Fondos del Estado que consideran de manera explícita la contratación laboral, con un formulario diferente en materia de contratación, un instructivo al respecto y charlas, las que buscan que en el caso de que exista subordinación y dependencia haya contrato laboral (de acuerdo a la labor y al régimen de trabajo) y además, algunas instrucciones significativas para el período de evaluación, por ejemplo que los jurados no puedan juzgar los montos de los sueldos asignados a su antojo, a lo que agregaría la solicitud de mirar los respectivos tarifados sugeridos de las organizaciones.

Quiero insistir en que todos estos hechos no son casualidades, no son fruto de que un día a una persona se le ocurrió la brillante idea de respetar los derechos de los artistas. Es el resultado de una solicitud concreta de organizaciones, como la nuestra, que han hecho un trabajo sistemático, que han analizado el panorama actual, que han presenciado graves accidentes laborales sin seguro, difíciles enfermedades sin FONASA, que gestionan año a año pensiones de gracias para los suyos y que, movidos por la convicción de protegerlos, a veces a pesar de ellos mismos, nos hemos sentado a la mesa una y otra vez  hasta llegar a un acuerdo. Claramente no hemos llegado al ideal, estamos comenzando este cambio, pero no podemos decir que no hemos avanzado.

Hoy  vemos, aunque no sea popular reconocerlo, que en esta materia existió una voluntad política real, que se convenció de que esto era posible, incluso con un marco jurídico adverso (Plan Laboral) porque esto no se trata sólo de poner una norma que exija, obligue y asfixie al postulante, sino que se haga cargo de entregar información y formación. No olvidemos que, tal como señala el proyecto Trama en su estudio “El escenario del trabajador cultural en Chile”, el 70%  de los trabajadores de las artes desconoce sus derechos, por lo que nos corresponde seguir impulsando un cambio cultural en torno al trabajo artístico, valorar la labor y el aporte de estos trabajadores, cambiando incluso las nociones en materia de remuneración.

Hoy  el discurso que satanizaba los derechos laborales y que ubicaba al artista como un ser etéreo, sin necesidades mundanas, está quedando atrás. Las personas que pensaban que imponíamos una doctrina absolutista, hoy comienzan a entender que nadie está siendo obligado a ser lo que no es, que nadie está siendo obligado dejar de ser artista por ser trabajador.

Reconozco que actualmente existe disposición y compromiso donde antes no la encontrábamos, pero esto es fruto de diversas estrategias, con alegría comprobamos cómo diversos actores sociales se han hecho parte de demandas sectoriales que nos ayudan a todos, como nuestra solicitud al Ministerio del Trabajo

por eliminar el 145 L (doble tributación de la contratación de los trabajadores de las artes y el espectáculo), el que cada día avanza en su concreción definitiva; nuestro anhelo por la visibilización de las cooperativas como figura asociativa que permita la formalización del sector artístico, como las compañías de teatro; y sobre todo, ver cómo existió concordancia en la demanda que hicimos el año 2014  en el ex Congreso, frente a la comisión de cultura de la Cámara de Diputados y que ya está plasmada en el proyecto de Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para que este tuviera como categoría fundacional el garantizar el derecho a la cultura de los ciudadanos.

Esperamos, pero no sentados, que en este camino de consolidación siga la ley  sectorial que crea el Instituto de Artes Escénicas, proyecto que es fruto de un trabajo asociativo inédito entre las organizaciones.

Nos  corresponde entonces reconocer que cuando los esfuerzos son consistentes y coherentes se pueden dar pasos sólidos, que seguramente no dejarán contentos a todos, pero que demuestran que la fuerza de la organización es fruto del trabajo colectivo y no de la casualidad.