Cómo dialogar con la herida abierta

 

No es extraño hablar con personas cercanas y constatar que han tenido en estas semanas peleas con familiares, con amistades, con parejas, han abandonado grupos de whatsaap, de apoderados, vecinos, ex compañeros de colegio, universidad,  etc… porque el presente extremo, como me dijo una amiga hace algunos días, no da tiempo a sostener caretas, mucho menos cuando lo que está en discusión es una posición sobre la vida humana, sobre los derechos humanos, asunto que para algunas de nosotras o de nosotros, no está sujeto a relativismos. El paisaje actual no resiste el discurso que levantaron tantos en dictadura para no entrar en complicaciones,  diciendo que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo, eso hoy es simplemente insostenible, pero como respuesta a la evidencia está esa otra frase que me deja perpleja, pero lamentablemente no me es desconocida “algo habrán estado haciendo”. Viví como niña la dictadura, no quiero mentir ni mentirme, para mí esa frase condensa, junto con la constitución del 80, la herencia más profunda de Pinochet. Es el muro, es la herida que se abre una y otra vez y que ha vuelto a levantarse en discursos insípidos, desconectados, apatronados, displicentes, los que de manera brutal en este último mes  nos han sacudido más que cualquier terremoto, con este abismo de clase que nuevamente sale a la superficie. Dolorosamente tenemos que asumir que hay gente que cree que es correcto gasear, golpear o herir a estudiantes que hacen un corta calle, a gente que se manifiesta en la Plaza de la Dignidad o toca una olla en su pobla, simplemente porque alteran el orden establecido y eso ha merecido sanciones desmesuradas como heridas de perdigones, golpes de luma, vejaciones sexuales, a niñas, niños, jóvenes, hombres, mujeres, personas lgtb q +, ancianos, ancianas o discapacitados, de todas estas personas hay denuncias formales. Además de las muertes que se suman cada día y que nos negamos a traducir en un número.

Más pantanoso se vuelve el camino cuando esas mismas personas se ciegan al hecho de que estas acciones las ha perpetrado  la fuerza policial o la militar los días que estuvo a cargo de nuestras calles. La ceguera de más de 250 personas que han perdido parcial o totalmente la vista de alguno de sus ojos, tampoco les ha hecho reconocer que se ha fallado, que se ha llevado al límite este sistema injusto que nos hizo estallar. Todo esto es quizás el triunfo más grande de la actual constitución y el modelo que a ultranza protegen, porque en nombre de la propiedad se ha arrasado con la vida humana y nadie de los que gobierna ha sido capaz de reconocer que hemos tocado fondo.

Hoy no me siento disponible a caer en la caricatura binaria de este sistema que opone a los estoicos manifestantes con las personas que sufren porque han perdido sus fuentes laborales, cuando se saquea o daña el comercio, o el patrimonio. No nos pidan que construyamos bandos ficticios entre las personas que desde distintas perspectivas sufren el mismo padecimiento, el abandono, la indiferencia, el liderazgo desenfocado con el que se ha abordado esta rebelión, que pudo ser una oportunidad, pero hoy nos ha fracturado, otra vez. A pesar del dolor que compartimos me rebelo a esta trampa, que quiere confrontarnos entre nosotros. Nosotros los alienígenas no estamos en bandos diferentes, nos comunicamos por telepatía porque la dignidad humana no se obtiene por meritocracia: no ganas por mérito y esfuerzo que no te disparen en la calle,  la dignidad es un derecho de todas las personas y eso es todo lo que acá se reclama de maneras perturbadoras, incómodas o aceptables. Tanto así que hemos resignificado la capital en un acto de justicia simbólica, entregándole ese nombre a nuestro punto de encuentro y reunión, junto con otras resignificaciones culturales a lo largo de Chile que convierten este momento en la primera vez en mucho tiempo que todas las regiones del país tienen algo en común. 

Todo lo que hoy converge en esta revuelta social es de naturalezas disímiles, de manifestaciones complejas. Nunca habíamos estado tan cerca de unos y tan lejos de otros. Son muchos años de esconder basura bajo la alfombra, de agua estancada, de comer del basurero, de especialistas farsantes, de ignorancia bulliciosa, muchas capas, muchos matices, a muchos niveles que fueron generando un pulso social que se aceleró hasta llegar a esta falla multisistémica. No seré yo quien pretenda dar con un diagnóstico político iluminado, sobre todo porque no creo en ellos, pero quiero alentar a que nos hagamos cargo, que abandonemos la lógica de arrogarnos saber quién es o no digno manifestante, de apuntar con el dedo lo que nos parece incorrecto, muy tosco, inadecuado y juzgarlo como si no fuese parte de nosotros, parte de todo esto que está ocurriendo. No caigamos en el error  de despolitizar lo que ocurre, por complejo o inexplicable que nos resulte una acción, acá hay un fenómeno político profundo, repleto de simbolismos, tantos, que a veces son inaccesibles a nuestro limitado entendimiento presente, pero esa naturaleza indescifrable es justamente la que ha logrado que esto no sea manipulable, reducido, ni mucho menos capitalizado o instrumentalizado por la mirada desvinculada de los “representantes”. Por eso, sin excepción, dan tumbos y no reconocen un ecosistema del que se han ido alejando sistemáticamente. 

 

Escribo todo esto lanzando palabras a mi hoja salpicada, para tratar de entender, para no minimizar, para rearmarme y sobre todo para buscar respuesta a la pregunta  que me atormenta, porque después de lo vivido en los últimos treinta y tantos días, de tener mezclados con sangre y miedo los pensamientos, me pregunto cómo vamos a ser capaces de constituirnos en un diálogo constituyente. Me resulta inverosímil la imagen de todas y todos sentados arriba de esa herida abierta participando de un proceso cívico. No somos capaces de sentarnos a la mesa con nuestra familia y resulta que vamos a tener que debatir la constitución, desdoblarnos sin justicia real ni simbólica, sin responsables, porque en este naufragio ninguna autoridad de gobierno ha tenido la altura moral para decir que acá han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos y que le han fallado al país, que lo han herido. Lo más cercano a un reconocimiento ha sido la brutal intervención del  jefe de zona de la región metropolitana de carabineros, que declara que para curar el “cáncer de nuestras sociedad” hay que matar “células malas y células buenas”. Así es, el estado ha aplicado una quimioterapia a mansalva para enfrentar esta invasión alienígena que vino a interrumpir su ficticia paz social . Muchos pensarán que no hay cambio social posible sin sangre, sin pérdidas, lo que yo digo es no puede haber una nueva constitución escrita sobre la impunidad. 

Derechos Culturales: Una Oportunidad que nos deja el proceso constituyente

Vuelvo a publicar un ensayo  escrito el año 2016 publicado en la revista Observatorio Cultural nº32, http://www.observatoriocultural.gob.cl / ISSN 0719-1853 para aportar a un proceso constituyente 

En el marco del actual debate sobre el proceso constituyente, este ensayo plantea un análisis sobre la presencia de la cultura en nuestra Constitución y los desafíos que enfrentará  el Estado con la creación del futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asistimos a un cambio de modelo de acción pública basada en el reconocimiento, defensa y garantía del derecho a la cultura, pensada no como un bien de consumo, sino como el motor del desarrollo humano de una sociedad plural.
Cuando nos convocamos a una discusión constituyente se generan las condiciones óptimas para abordar el estado del arte en materia de derechos sociales y culturales.

En la actualidad, la sociedad chilena parece haberse agotado de esa etapa que la condenaba a una supervivencia individualista y despertó, desde el colectivo, a la demanda de derechos sociales que estaban sepultados, absorbidos por la lógica del mercado.

La actual Constitución resulta inaceptable desde esta perspectiva, pues su naturaleza subsidiaria incorpora la lógica del mercado en cada uno de los “derechos” garantizados en ella. A modo de ejemplo, en el capítulo III referido a los derechos y deberes, sobre el derecho a la salud (Artículo 19, nº 9) señala: “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado.” Del mismo tenor es lo que consigna en materia de derechos consagrados a la educación y la protección social. Podemos encontrar otro ejemplo gráfico en el mismo capítulo (Artículo 19, nº 11) sobre la libertad de enseñanza: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.”

Estos extractos evidencian que nuestra Constitución, en el ámbito de los derechos, en lugar de garantizarlos más bien los restringe y otorga libertades al mercado.

En este contexto, la cultura también se ha visto perjudicada, no por su omisión en el texto constitucional, sino porque esta lógica ha permeado todos los ámbitos de la sociedad actual. Es así que, independiente de su ausencia en la carta fundamental, se rige bajo la misma lógica subsidiaria y las acciones que se puedan hacer en materia de políticas culturales no trascienden más allá de los esfuerzos aislados de una voluntad política de turno.

Es por este motivo que resulta pertinente que podamos realizar un esfuerzo colectivo, por una parte, para reflexionar sobre cuánto esperamos avanzar como sociedad en este ámbito y, por otra, cuánto estamos dispuestos a hacer para asumir este compromiso.
A raíz de esta realidad instalada, quienes pertenecemos al mundo de la cultura empezamos a flamear una bandera, cuyos colores aún no son nítidos para nuestros ciudadanos: los derechos culturales.

El término cultura abraza y ahí está su valor, en una multiplicidad de formas de expresión que propenden a la paz, la tolerancia y el respeto por la diversidad, a través de las formas de vida, lenguaje, literatura escrita y oral, música y canciones, comunicación no verbal, sistemas de religión y de creencias, ritos y ceremonias, deportes y juegos, métodos de producción, tecnología, entorno natural y todo aquello producido por el ser humano, como la comida, el vestido y la vivienda. Así como las artes, las costumbres y tradiciones por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, estableciendo una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas, la cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de los individuos, grupos y comunidades.

Los derechos culturales no son la cultura en sí misma, sino que el grado de exigibilidad de estos, los cuales están consagrados como derechos humanos desde la Declaración Universal de 1948, aunque para muchos en Chile aparezcan difusos al lado del derecho a la educación, a la salud o a la protección social. Sin embargo, en el contexto del proceso constituyente, pudimos incorporarlos tímidamente en la discusión y, de paso, clarificar su significado, su valor y su pertinencia en un debate sobre el país que queremos y el compromiso que éste establece con sus habitantes.

Marco para una conversación.

Los Encuentros Locales Auto-Convocados y los posteriores Cabildos, como instancias participativas del proceso constituyente, se estructuraron en base a la selección de una lista que contenía valores y principios, instituciones y derechos, siendo estos últimos los que generaban especial atención en los ciudadanos por su capacidad de moldear el tipo de relación que existe entre ellos y el Estado. El abordaje de los derechos, en la Constitución actual, está  fundamentalmente anclado en el resguardo del derecho a la propiedad y a la libertad de elegir que tienen las personas. Es así como las puertas han quedado abiertas para que el mercado administre nuestros derechos sin mayores restricciones, pues nada se lo impide constitucionalmente.

Pero, ¿qué  plantea la actual Constitución en materia cultural? “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.”(1)

Y en el derecho a la educación nos encontramos con lo siguiente: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.”(2)

Eso es todo lo que nos brinda nuestra Carta Magna en materia de arte y cultura, los únicos derechos referido son el de autor, el de fomentar la creación artística en el ámbito educativo y proteger e incrementar el patrimonio. No se menciona nada vinculado a los ejercicios ciudadanos de participación y acceso; menos aún, a la expresión de la diversidad de expresiones culturales de los habitantes de nuestro territorio. Un mezquino compromiso si lo comparamos con lo que señala la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten (Art.27).” (3)

Esto sitúa a Chile muy por debajo de los estándares internacionales y de los compromisos que el país ha asumido internacionalmente. Urge entonces que la nueva Constitución se haga cargo de respetar esos compromisos, acorde a la sociedad en que nos desenvolvemos hoy.

Podríamos decir que, para Chile, consolidar estos derechos es una deuda, considerando que su ejercicio representa aún graves obstáculos para nuestros compatriotas, tanto en materia de acceso, participación y diversidad cultural, como también en compromiso normativo. El derecho a la cultura, mediante diversas normas, está presente en las constituciones de los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, reafirmando así la relevancia que estos Estados otorgan a los derechos culturales.

La cultura, entonces, es reconocida mundialmente no solo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también por instrumentos internacionales, en especial en el Artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que da vida a una familia de derechos, llamados de Segunda Generación.

La promoción y protección de la diversidad de expresiones culturales, consagrada en la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales (Unesco, 2005),(4) ratificada por Chile el 2007, buscó, en espíritu, hacer frente a la vorágine globalizadora para salvaguardar la riqueza cultural de los pueblos, la que no puede
protegerse sin poner en práctica los derechos culturales, cuya violación afecta fundamentalmente a aquellos que se encuentran en condición de desventaja económica o segregación social o cultural.

Este tratado, vigente y de carácter vinculante para los 25 países que lo han ratificado, recogió los principios y el reconocimiento al derecho soberano que los Estados tienen para adoptar medidas y políticas que les permitan proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. Esta diversidad hace referencia a la multiplicidad de formas (actividades, bienes y servicios) con que se expresan los grupos culturales y las sociedades.

El derecho de las personas a manifestar sus expresiones culturales se encuentra respaldado por esta convención, en la medida que afirma la soberanía que tienen los países para establecer sus propias políticas culturales.

Como un desafío unificador, la Declaración de Friburgo del año 2007,(5) reúne de manera valiosa esta serie de herramientas internacionales diseminadas: la Declaración de Derechos Humanos, los dos pactos internacionales de Naciones Unidas y la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001),(6) las que constituyen un valioso esfuerzo para clarificar los derechos culturales e invitar a Estados, la sociedad civil en general y al mundo privado a valorarlos y respetarlos como expresión y exigencia de la dignidad humana.

La implementación de estos derechos depende de todas las personas y toda la colectividad, pero son los actores públicos los que tienen la responsabilidad de integrarlos en sus legislaciones, asegurando su respeto y salvaguardia.

En esta declaración se consideran, dentro de los derechos culturales, el respeto a la identidad cultural y el patrimonio, la libertad de participación en comunidades culturales y el acceso y participación en la vida cultural, lo que implica tomar parte, acceder y contribuir a la vida cultural.

Resulta valioso aclarar que el derecho a participar está directamente vinculado con el derecho al acceso; es este último el que considera la oportunidad real y concreta, garantizada por el Estado, para que todos los individuos o comunidades —por más aisladas que se encuentren— puedan participar de la vida cultural de su comunidad y de su país.

En la medida que avanzamos en los instrumentos que existen en materia de derechos culturales, podemos ver el retraso que vivimos en nuestro país y como, erradamente, se homologa la demanda por derechos culturales a demandas sectoriales de carácter acotado.

Lejos de ser así, estos atraviesan la realidad cotidiana de millones de habitantes que mantienen viva la cultura.
Debemos entender que, si la cultura es un derecho, entonces es una preocupación pública que asume el Estado y que desde ese lugar es absolutamente pertinente abordarla en este proceso constituyente y en las discusiones futuras en materia constitucional.

Para que el ejercicio de la ciudadanía se concrete, el Estado debe, en primer lugar, reconocer los derechos culturales en su Carta Magna, en sincronía con los instrumentos internacionales y con la realidad de la vida cultural del país.

Tal como lo señaló el director de la Unesco en 1970, en la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales desarrollada en Venecia: “si todo hombre tiene derecho, como exigencia de su dignidad esencial, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad, o mejor, de las comunidades a las que pertenece, entre ellas, seguramente, la comunidad-límite que es la humanidad, de ello se deriva que las autoridades responsables de esas comunidades tienen el deber de proporcionar los medios, en la medida de los recursos de que dispongan para que esa participación sea efectiva (…) Este es el primer fundamento y el primer fin de la política cultural.” (7)

Equidad, multiculturalidad y descentralización.

La actual Constitución, de carácter subsidiario, no es el horizonte donde quisiéramos mirar los derechos culturales, pues en ella toda materia de derecho es en realidad un espacio para incorporar al mercado en su administración, todo esto amparado en la supuesta libertad de elegir de los ciudadanos. Quienes demandamos el derecho a la cultura queremos formar parte de una nueva Constitución, una que hable de verdaderos derechos, lo que significa que estos sean una preocupación pública y no privada.

¿Qué significa que el derecho a la cultura no esté presente en nuestra Constitución? Sin duda, son muchos los daños que podríamos mencionar al respecto, pero quisiera abordar un aspecto central, especialmente grave, en un escenario de ausencia de los derechos culturales consagrados: la segregación social.

Creer que la existencia de la vida cultural va a persistir solo de manera espontánea o por la voluntad individual de las personas es falaz y lo que esta premisa hace, finalmente, es otorgar todo el poder, una vez más, al mercado, para que los ciudadanos que cuenten con las condiciones exigidas, puedan acceder a una activa, rica y diversa vida cultural dejando al margen a quien no posea dichos medios.

Este daño social provoca que existan ciudadanos condenados, por sus condiciones materiales o geográficas, a no ser parte de la vida cultural, sino a la marginación y la invisibilidad, porque como sociedad no somos capaces de hacernos cargo de las barreras que tienen miles de personas de participar y expresarse culturalmente.

Debemos entender desde la sociedad civil y el mundo político que ésta no será nunca una demanda ciudadana masiva, porque es un derecho que desconocemos, incluso cuando lo ejercemos; la naturaleza de la cultura, amplia y difícilmente clasificable, también obstaculiza la visualización de ésta como un derecho.

Otro aspecto especialmente dañado por la segregación y la falta de equidad es la multiculturalidad. En un país en donde se impone un tipo de cultura como predominante, las otras, fundamentalmente la de los pueblos originarios, requieren un especial cuidado, protección y defensa para que pueda seguir desarrollándose de manera armónica y en convivencia natural con las otras culturas.

La invisibilidad en las que se encuentran sumergidas estas culturas, obtuvo un importante paso de avance con los resultados de la consulta indígena realizada en el marco del debate y discusión del proyecto sustitutivo de la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Su presencia en la institucionalidad y la política pública se vuelve urgente para restituir su espacio en nuestra identidad cultural.

Asimismo, el incremento de inmigrantes en nuestro país nos obliga a asumir un compromiso mayor y sustantivo para respetar y resguardar sus diversidades culturales, permitiendo que éstas se expresen libremente en nuestro territorio y, más aun, enriquezca nuestro acervo cultural.

Por último, en este abordaje de la falta de equidad en materia de derechos culturales, no podemos dejar fuera como el centralismo extremo de nuestra estructura de Estado genera una cruda inequidad entre la capital y las regiones y provincias del país, cuyos habitantes se encuentran limitados de múltiples maneras.

Solo por mencionar algunas, los artistas y creadores que habitan en ellas, con dificultad pueden dedicarse a su actividad; los investigadores y cultores populares ven cómo la tradición de la que son portadores se extinguiría si no fuese por los esfuerzos que ellos mismos realizan; y, por último, los ciudadanos que son privados del acceso a la cultura son parte de una realidad dolorosa, ya que, actualmente en Chile, existen muchas personas que no han tenido posibilidad de experimentar mayor diversidad cultural, que enriquezca su propio desarrollo.

En nuestro país, la manera en como se abordan las políticas culturales, desde la óptica del derecho o no, es hija de la contingencia y de la voluntad política de turno, por lo que, en materia de derechos culturales, estamos siempre comenzando desde cero y con una línea editorial distinta. La presencia de los derechos culturales en nuestra Constitución reduciría su carácter volátil y ambiguo, a través de un acuerdo nacional y colectivo.

Es cierto que existen opositores a que este derecho se consagre en nuestra Constitución, pero quienes lo defendemos tenemos la certeza de que estamos hablando de un aspecto esencial en la vida de las personas, que se encuentra debidamente fundamentado.
Quienes miran el desarrollo cultural desde el mercado banalizan la trascendencia que tiene el arte y la cultura en el ser humano, lo individualizan, como si se tratara de una preocupación individual que debe ser satisfecha a través de los ingresos económicos propios, o la catalogan de simple entretenimiento o divertimento.

Prefieren olvidar que ésta es una preocupación social y colectiva de potencia transformadora, con capacidad de generar o regenerar, en nuestro caso, un tejido social robusto. La democratización de la cultura rompe los muros de la segregación y constituye una acción real destinada a cambiar la vida de las personas.

Proceso cultural y constituyente.

Este proceso constituyente ha sido, sin lugar a dudas, una manifestación cultural colectiva, un intercambio de ideas, sentires, reflexiones, aspiraciones y sueños sobre el país que queremos. Lejos de pensar en resultados aún, nos hemos permitido realizar el ejercicio de parlamentar, de entendernos, recuperar una tradición cultural tan olvidada, pero a su vez tan saludable para la democracia.

Tuve la fortuna de asistir, en calidad de oyente y también como moderadora, a un Encuentro Local Auto Convocado, tanto desde SIDARTE como aquel que realizamos desde La Coalición Chilena por la Diversidad Cultural. Estos espacios resultaron ricos en discusión respecto de los derechos culturales, término que ni siquiera se encontraba sugerido en el acápite sobre los derechos “oficiales” del formato tipo.

Lo que aparecía en esta materia era el acceso y la identidad cultural, restando, con ello, componentes esenciales como participación y expresión, ambas contenidas en la definición, ya mencionada, de derechos culturales.

Haciendo un ejercicio de síntesis, quisiera compartir algunos puntos que me parecieron relevantes de estos encuentros:

1. El valor de participar: construir una discusión y reflexión proyectada en el tiempo, alejada del carácter exitista e instantáneo, es en sí un aporte para el Chile de hoy; temas como la cultura deben fermentar socialmente y para ello se requiere de tiempo y libertad para reflexionar. Si bien los encuentros correspondían a un formato específico, permitían incorporar conceptos nuevos y desataban largas exposiciones para clarificar o debatir; tanto así que algunos de ellos se prolongaban por todo el día, otros suscitaban almuerzos o cenas y otros requerían encuentros posteriores, incluso en algunos casos extendiendo la conversación a foros virtuales a través de las redes sociales, en Twitter, Facebook o derivando en grupos de discusión vía WhatsApp. Si bien cuando observamos las cifras de participación ciudadana —que es aún incipiente para lo que podemos aspirar como país, ya que 106.122 personas fueron las que se auto convocaron en este ejercicio—, debemos poner atención cuando sabemos que de estos el 54% fueron mujeres y 46% hombres. Este último dato en materia de género debiese impulsarnos a cuidar la participación de las mujeres en el debate constitucional, del que han estado históricamente marginadas hasta el día de hoy, incluyendo la cultura.

2. El respeto por la diversidad: las convocatorias a las que me tocó  asistir eran abiertas, lo que significaba que no sabías con quién te iba a tocar intercambiar opiniones y con ello, inmediatamente, se puso en acción el respeto por la diversidad de opiniones, valorando la diferencia y enriqueciendo las posturas. Pese a algunas encendidas discusiones, siempre primó el respeto y la amistad cívica. En torno a la diversidad cultural todavía el debate constitucional debe vencer barreras culturales, incentivando, especialmente, la participación de grupos inmigrantes, pueblos originarios y cultores populares.

3. Desconocimiento de los derechos culturales: el espacio de debate en torno a la diversidad e identidad cultural, el acceso y participación, nos obligaba a reflexionar a qué nos referimos cuando hablamos de ellos. No deja de asombrar lo poco que sabemos al respecto como sociedad; para empezar, desconocemos que los derechos culturales son parte de los derechos humanos. La tarea será entonces hacer un esfuerzo, desde la institucionalidad y la sociedad civil, para dar a conocer dichos derechos y la importancia que tienen en nuestra vida en comunidad.

Un desafío que recién comienza.

Ya han pasado 68 años desde que se consagró el reconocimiento internacional a los derechos culturales; en Chile parece haber transcurrido muy lentamente la asimilación de estos derechos, sin presencia en nuestra Constitución, ni en la legislación que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el 2003. Por eso debemos saldar deudas en esta materia y no esperar más que esta solución provenga desde la clase política.

De este proceso constituyente y del debate que el mundo de la cultura está reiniciando sobre derechos culturales, podemos decir que queda mucho camino por recorrer. Este fue solo un primer paso, muy significativo para darnos cuenta en qué punto estamos, pero muy incipiente cuando constatamos lo poco presente que está entre los ciudadanos el derecho a participar y acceder a la vida cultural de su país.
Los derechos culturales y la diversidad cultural son motores de sociedades pacíficas, tolerantes, ricas en identidad, colaborativas y que estimulan un desarrollo sostenible, en armonía con nuestro entorno. Quizás no estemos familiarizados con estos conceptos en la actualidad, pero sin duda así es la sociedad en la que quisiéramos vivir.

Para ello debemos situar esta conversación en un ámbito abordable y que nos permita distinguir con claridad la dimensión pública de los derechos culturales, el rol del Estado y su consiguiente repercusión en la política pública. En este sentido, vale la pena advertir la doble dimensión que tienen participación y acceso: por un lado les permite a los individuos ejercer su derecho a la cultura de manera activa (formar parte, crear y contribuir), así como pasiva (acceder y disfrutar).

No es sencillo saber dónde exactamente estamos en esta materia, pues tenemos una serie de legislaciones, políticas públicas y programas en desarrollo que debemos observar desde la perspectiva del derecho, con herramientas especialmente destinadas a ello, para así reconocer lo que tenemos, conducir nuestro rumbo, saber hacia donde nos queremos dirigir y por último, algo que muchas veces olvidamos, evaluar nuestros progresos.

Sin embargo, debemos salir de las conversaciones reducidas sólo entre quienes estamos convencidos de este derecho y llevarlo a las personas en diferentes rincones del país, considerando todas las edades, integrando especialmente a los estudiantes, que han estimulado a la sociedad a movilizarse, brindando espacios reales para los pueblos originarios e integrando genuinamente a la población inmigrante. Debemos desafiarnos a ampliar la discusión que estamos sosteniendo en el mundo de la cultura para integrar nuevas voces que permitan una transformación cultural. Este es
un desafío significativo que requiere gran unidad y cohesión del mundo social de la cultura, para mirar más allá del presente y atrevernos a transformar la realidad en la que estamos inmersos.

Si no logramos dar este paso, si no logramos reconocer los derechos culturales, estaremos tratando con indiferencia un aspecto esencial del ser humano: su felicidad y su plena realización. La cultura no se ubica en el plano de la sobrevivencia física y cotidiana, no existe un consumo básico que nos deje satisfechos, medido por estándares internacionales. La cultura está en el lugar de los anhelos, es aquello que es profundo, imperecedero y que pasa de generación en generación. A eso definitivamente no podemos darle la espalda.

1 Decreto Supremo nº 1.150, de 1980. Publicado en el Diario Oficial el 24 de
octubre de 1980.
2 Decreto Supremo nº 100, de 2005: Fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Constitución Política de la República. Publicado en el
Diario Oficial el 22 de septiembre de 2005.
3 Para mayor información sobre la Declaración de Derechos Humanos, ver
http://www.un.org4 Para mayor información, ver http://unesdoc.unesco.org
5 Para mayor información, ver http://www.culturalrights.net
6 Para mayor información, ver http://unesdoc.unesco.org

7 Para mayor información, ver http://unesdoc.unesco.org

Referencias bibliográficas.

-Constitución Política de la República de Chile
-Observatorio de la Diversidad y los Derechos Culturales. (2007). Declaración de Friburgo. Recuperado de http://www.culturalrights.net
-Unesco (1970). Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org
-Unesco (2010). Derechos Culturales: Documentos básicos de Naciones Unidas. Recuperado de http://www.unescoetxea.org
-Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de http://www.un.org
-Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1966). Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuperado de http://www.ohchr.org

Artículo publicado en la revista Observatorio Cultural nº32, http://www.observatoriocultural.gob.cl / ISSN 0719-1853

El Desafío de hacer visible lo Invisible

Columna publicada el 2 de Noviembre de 2019 en El Periodista  https://www.elperiodista.cl/el-desafio-de-hacer-visible-lo-invisible/

El martes 15 de octubre con una foto grupal que mostraba nuestras caras alegres y conformes tras una asamblea, cerrábamos el día, sin pensar siquiera que 48 horas después el país cambiaría por completo.
Desde nuestra conformación en julio de 2018 hemos venido explorando una musculatura organizativa basada en la colaboración, el aprendizaje conjunto y las transformaciones de las lógicas organizacionales verticales, que eran lo único que conocíamos.

Me atrevo a decir que esta forma de proceder, muy experimental para nosotras, se ha transformado en el mayor aporte que hayamos podido realizar en estos días, para convocar, para desplegarnos en distintos frentes y tareas a través de nuestras compañeras, e incluso para ir en ayuda y apoyo de las nuestras que resulten heridas o detenidas, colaborar con la divulgación de la información en Chile y el mundo a través de redes que hemos forjado por nuestro trabajo, son nuestras humildes herramientas para ser un eslabón eficiente que contribuye a visibilizar y construir narrativa para este esperanzador y a la vez desgarrador estallido social.

Desde ahí en adelante mantenernos movilizadas ha sido la consigna, con nuestro contingente de compañeras nos repartimos tareas para las que en muchos momentos no damos abasto, pero sin duda el espacio de contención que hemos creado ha sido un motor y un cobijo para cuando, abatidas por los hechos, nuestras compañeras están ahí para levantarnos.

Nos hemos abocado a permanecer, sostener y alentar las movilizaciones en las calles y las conversaciones en los cabildos y asambleas, así como visibilizar y mantener en el centro del foco, para que no se olviden ni normalicen, las violaciones a los DDHH y crímenes de Estado que han registrado las organizaciones dedicadas a la materia.

La reflexión que se percibe en diferentes espacios hoy es que cuando la institucionalidad le ha fallado reiteradamente en sus compromisos a la ciudadanía, la única salida posible es devolver la confianza al pueblo, para que sean las personas quienes decidan en un plebiscito vinculante cómo quiere que sea ese pacto en adelante. Por eso hoy podemos palpar la necesidad real de una asamblea constituyente que consagre una nueva constitución para Chile, pero esto no es todo, el movimiento tiene una vibración de urgencia, que claramente no ha permeado al gobierno, y que aumenta las distancias, pero profundiza la cohesión colectiva.

Quienes nos dedicamos a las expresiones artísticas sentíamos también desde nuestro quehacer que a Chile se le estaba asfixiando, que el elástico se iba a cortar, porque seamos honestas y honestos, el trabajo cultural también ha sido contra corriente durante muchos años. Desde el Estado se nos ve como algo que gasta mucho y genera poco. Justamente antes que se desataran las movilizaciones, en el sector cultural estábamos enfrentándonos a nuevos recortes en ámbitos tan relevantes como la industria audiovisual y organizaciones culturales, ambos que justamente tienen en su centro conectar al ser humano con la reflexión, la sensibilidad, el patrimonio, su identidad, así de fuerte nos ha calado este modelo, que valora en demasía la productividad cuantitativa y muy poco la cualitativa. Por eso, como muchas y muchos contemplábamos que la cosa avanzaba mal, en nuestro caso, viendo cómo la participación cultural no era entendida y mucho menos prioritaria, se cerraban una y otra vez los canales de expresión para la sociedad, nuestro alcance era cada vez más reducido, la identificación y el sentido de pertenencia eran remplazados por una profunda soledad y abandono por parte del Estado. En el caso de nuestro trabajo la precarización se suma a la poca valoración al oficio artístico, aún muchas personas consideran que lo nuestro no es un trabajo o creen que todos son favorecidos con los escasos altos sueldos en televisión, lo que está totalmente fuera de la realidad, somos un tipo de trabajador con ingresos intermitentes, sin ninguna estabilidad laboral, la que nos margina de los registros bancarios, cotizaciones, beneficios de vivienda, etc… uno más de la gran lista de abusados por este sistema económico que desde el estado han defendido con uñas y dientes.

Como actrices, además de la participación comprometida con este deseo de cambio social, debemos obstinadamente intentar transmitir a las personas e insistir al gobierno, el tremendo valor invisible que tiene el arte y la cultura, porque no lo hemos conseguido, se nos otorga un presupuesto escaso para cumplir con la tarea enorme de construir comunidad. Me parece que con lo ocurrido en estos días se ha entendido que las cifras no cuadran con el sentir de las personas ni su calidad de vida, la cultura en su rebeldía está presente, aunque no la nombren, en la manifestación colectiva de un pueblo, podríamos decir que todo, absolutamente todo lo que ha ocurrido en las calles son manifestaciones culturales de la ciudadanía, su indignación y su esperanza, sus cantos, sus voces, sus bailes, sus conversaciones, sus escritos, sus dibujos, sus trajes, son expresión cultural. Por eso la participación cultural es esencial en una democracia, porque si cortan los canales de expresión, no hay cohesión, no hay encuentro, mucho menos dialogo genuino. Los cientos de voces que corean El derecho de vivir en paz y El baile de los que sobran, nos han demostrado cómo el arte pone en común un pensamiento y sentir social, son tan solo un ejemplo de cómo el arte genera comunidad.

Lo cierto es que hoy estamos unidas a toda la sociedad en esta tarea compleja, desde el feminismo y la cultura nos corresponde aportar a realizar reflexiones en profundidad, velar por una representación que integre a la mujeres para profundizar la democracia que hoy está en crisis, aportar a eliminar prejuicios y sesgos, mantener la movilización sin quebrarnos, sin reventarnos, entendiendo y aportando en el lugar desde el que cada una puede/debe sostener, porque esto será de largo aliento y la vida de cada persona está en juego, las señales que se han entregado desde el mundo político aún son débiles y los canales de comunicación entre la sociedad y autoridades aún no están habilitados.

Andrea Gutiérrez

Red de Actrices Chilenas RACH

 

Abajo los Corazones: El Programa de Cultura de Piñera

En el mundo de la cultura, se ha extendido una suerte de escepticismo que nos lleva a creer que cualquier gobierno da lo mismo. Esto, fundamentalmente por el clima electoral en los medios y la poca presencia del tema cultura en los discursos comunicacionales formales, lo que toca directamente a los trabajadores de la cultura que se sienten, una vez más, postergados.

Sin embargo, si se atiende a los hechos, la gran mayoría de las candidaturas se ha pronunciado, en menor o mayor medida, sobre el tema a través de sus programas. Hoy nos interesa abordar el programa de Piñera, no por afinidad, sino todo lo contrario: para aportar a evidenciar que no da lo mismo, porque este Piñera no es el mismo de su primer gobierno y porque Chile hoy, tampoco lo es.

A nivel general, lo primero que habría que mencionar es que, pese al escueto espacio dedicado a la cultura (apenas 3 páginas), este programa no es inocuo y se encamina en el sentido contrario de quienes creemos en la cultura como derecho -no solo de acceso sino también para quienes la producen- y que tenemos el convencimiento que debemos derribar cada día más las lógicas que cosifican, reducen y banalizan la cultura, igualándola a retóricas identitarias o derechamente al ocio y el entretenimiento.

Como país, aún tenemos una deuda enorme con el reconocimiento de cientos o miles de instancias culturales artísticas y comunitarias que habitan en las regiones de todo Chile y que contra viento y marea realizan una labor que el estado escasamente reconoce y mucho menos apoya. La cultura va más allá de las valiosas expresiones artísticas, e incluso más allá del ámbito del derecho: es la expresión libre de un pueblo.

Piñera recargado, -mucho más a la derecha de lo que vimos en su primer gobierno (sí, se podía estar más a la derecha)- manifiesta claramente su ideología en su pobre programa de cultura orientado a dar continuidad a las lógicas economicistas de la rentabilidad y productividad del sector cultural, a través de dulcificadas retóricas del acceso, el emprendimiento cultural y la creatividad, señalando claramente que “el país de oportunidades con que soñamos implica hacer posible que el emprender en ámbitos culturales no signifique una condena, sino una verdadera posibilidad de desarrollo profesional”.

 

Esta declaración de principios ni siquiera es una buena noticia para quienes se desenvuelven o defienden la industrialización como la mejor vía de desarrollo cultural. Y es que no hay modo en que las oportunidades que señala su programa no sean sino una condena en tanto no se contempla la realidad diversa de los actores del sector cultural, las inequidades que se generan en la cadena de valor y mucho menos se promueve el cumplimiento de los derechos de los trabajadores del sector. El sector cultural cada día aporta más al PIB, pero no ve aumentado su presupuesto ni hoy ni en un hipotético segundo gobierno de Piñera.

En cambio, este programa continúa en la senda de privilegiar un crecimiento industrial desamparado, sin norma, donde cada uno sobrevive como puede, en suma, la misma lógica que se aplica a todos los sectores productivos bajo la mirada neoliberal, sin comprometer un plan ni a mediano ni largo plazo que permita pensar que, efectivamente, habrán verdaderas posibilidades de desarrollo profesional.

No abordaremos cada medida, pero a nivel general, resulta vergonzoso el desconocimiento de lo que existe y se ha implementado, aunque tal vez, después de los bochornosos anuncios de obras públicas iniciadas, no debiese extrañarnos. En fin, dentro de las promesas está la construcción de infraestructura, como la de construir un “Museo de la Democracia” (otra forma solapada de negacionismo y estetización del horror vivido en dictadura), un Museo del Deporte y la instalación de nuevos museos regionales.

Por otra parte, el acceso a la cultura desde los ojos del piñerismo, es muy práctico e implica simplemente incentivar el consumo. De ahí surge el llamado “Vale Cultura”, un cupón que otorga un 50% de descuento para actividades “culturales” para cada joven que cumpla 18 años. Ahora bien, ¿qué tipo de actividades subvenciona este cupón? No lo sabemos. ¿Qué impacto tiene eso en la equidad?, ninguno. Otra medida en este mismo aspecto es la de “conectar por fibra óptica una red nacional de espacios culturales que permita la transmisión en línea de grandes eventos y la circulación de contenidos entre las regiones”.

Para hacer efectivas ambas medidas -centradas en el puro acceso-, viene otra medida más: “ampliar los horarios y días de atención de los espacios culturales públicos”. ¿Con cargo a quién tendrá lugar esa ampliación horaria? La respuesta es evidente: con cargo a las y los trabajadores culturales. Este es el modo en que Piñera pretende dar vida a su fiesta, una conmemoración a partir de una serie de eventos masivos sobre los 200 años de la consolidación de la Independencia de Chile, la extensión o copia del patriotismo unívoco vivido en su gobierno anterior, donde celebramos el Bicentenario.

En cuanto a la nueva institucionalidad cultural desliza sus críticas e interviene su estructura y lo que será su funcionamiento, lo menciona de esta manera: “Implementaremos el Ministerio […] superando las duplicidades y dispersiones que la estructura aprobada pueda generar, considerando un nuevo Consejo de Artes Visuales, e implementando el Consejo Asesor de Pueblos Indígenas y una Unidad de Pueblos Migrantes en el ministerio”.

Superar las duplicidades es, en la jerga liberal, aligerar -o derechamente reducir- la acción estatal en cultura. Se trata de una mirada clásica sobre el rol del Estado, un lugar común que durante la discusión del proyecto de ley que creó el nuevo Ministerio de las Culturas, dio pie a que cercanos al piñerismo -como el ex ministro de cultura de Piñera-, consideraran “excesos administrativos” en la nueva institucionalidad.

 

Sectorialmente, algo extraño ocurre con las artes visuales, pues se crea, sumándole a la nueva institucionalidad un Consejo de Artes Visuales, sin ley sectorial y sin nombrar a las artes escénicas cuando la respectiva ley sectorial ya está en el Parlamento, es decir, no se considera ese consejo. Claramente artes visuales tiene santos en la corte en ese comando y en caso de que salga electo, las artes escénicas tendrán mucho trabajo.

Por último, está la continuidad y profundización de la concursabilidad, con una “atractiva” simplificación del formulario, la creación de un sistema “único” de postulaciones, -la quintaesencia de la segregación-, que combinarán ventanilla abierta y convocatorias anuales, (otra cosa que ya existe).

En cambio, en las apenas tres páginas dedicadas a cultura, no hay mención a algún tipo de cambio en la relación laboral de los productores culturales ni al financiamiento de otra naturaleza respecto a las artes y la cultura. No hay interés aquí por explorar siquiera, financiamientos que excedan la concursabilidad, discusión hoy prioritaria para los agentes productivos del medio -artistas y trabajadores culturales- que viven condiciones de precariedad al tener que vivir, año tras año, la incertidumbre del proyecto, es decir, el no saber si contarán con recursos para trabajar y vivir durante la próxima temporada.

Esta notoria y grosera falta de interés programático, permite sospechar del modo en que el candidato ve al arte y la cultura. Quizás sea tal como comprendía a la educación en su anterior gobierno, es decir, como un bien de consumo.

A la inversa, se puede presumir del nulo interés por hablar de mejoras en las condiciones laborales y presupuestarias, -no hay siquiera una referencia mínima a la consolidación y mejoramiento de fondos creados para entregar estabilidad a las iniciativas culturales de trayectoria y objetivos de largo plazo como los fondos de Intermediación y el OIC (Otras Instituciones Colaboradoras)-, que el programa Piñera no considera ni las artes ni la cultura ámbitos prioritarios.

De este modo, es importante invitar al sector a reflexionar sobre la pasividad electoral, interiorizarnos un poco y no caer en los facilismos escépticos que homologan todas las propuestas o bien, asumir que de salir electo Piñera tendremos que  encomendarnos a lo que sea para que el  presupuesto no baje, preocupación transversal al arte y compartida con el campo científico (que el programa de Piñera iguala inmediatamente a innovación, tecnología, emprendimiento y competitividad bajo su manido discurso desarrollista centrado en la pura productividad), cosa nada de fácil en su programa de austeridad.

Definitivamente para los que que les gusta la frase que la cultura es el alma de Chile, el programa de Piñera nos dice: abajo los corazones.

Columna escrita en colaboración con Sebastián Pérez

Publicado en Revista Hiedra 13 de Noviembre 2017

La Disputa es Cultural

Un artículo del diario El Mostrador del día lunes 19 de junio, da a conocer el seguimiento que está realizando el Observatorio de Políticas Culturales de las propuestas, medidas y programas de cultura de los candidatos a la presidencia. Como equipo de cultura de la Campaña de Beatriz Sánchez consideramos que es un gran aporte que se releve la cultura como un componente esencial en el debate presidencial, sin embargo quisiéramos exponer algunas características de nuestra apuesta por una horizontalización en la forma de construir programa, tan enriquecedora como desafiante y que sin lugar a dudas excede los mecanismos y ritmos convencionales de articulación entre una propuesta de programa y los actores implicados.    

En primer lugar, señalar que el Frente Amplio es una construcción colectiva y la elaboración de su programa es ejemplo de esto: así como ocurre en las otras 21 áreas programáticas, los contenidos de cultura han sido trabajados a partir de un proceso de deliberación y participación de cientos de personas, el registro riguroso de éste, incluyendo las propuestas emanadas de los múltiples encuentros territoriales y temáticos a lo largo de todo el país buscando su vinculación política en el proceso, una sistematización por parte de grupos de apoyo programático de tipo temático, legislativo y económico, integrados por militantes o adherentes de las fuerzas políticas y sociales del Frente Amplio e independientes, y finalmente el sometimiento de las propuestas a una votación abierta.

Nos parece especialmente relevante transmitir que ante el desafío de una nueva cultura política, entendemos que la apuesta por ciertos contenidos para el programa debe verse robustecida por la forma de construirlos.

En segundo lugar, señalar que a pesar de que valoramos enormemente que se releve la cultura como un componente esencial en el debate presidencial, queremos esclarecer que desde el Comando de Beatriz Sánchez, se ha trabajado una propuesta que asume un compromiso real del Estado con la cultura, como componente integrante de la vida de las personas, y no como un producto ajeno a ellas. Entendemos que lo que nos corresponde hoy es reconocerla, integrarla y activarla, para que esté presente de manera protagónica en la educación, para que abra espacios para la expresión y articulación emotiva y sensible de las personas en sus comunidades; para permitir y respetar la autonomía de la diversidad de expresiones que existen en nuestro territorio y en la región latinoamericana; para relevar la participación creativa y democratizar la circulación y distribución de las manifestaciones artísticas; para poner en valor el patrimonio, el conocimiento y la memoria popular; para incentivar las festividades populares donde nos recreamos colectivamente; para incentivar la pluralidad de los canales y medios de comunicación.

Este cambio de mirada implica transformar los espacios de participación, ampliándolos, para invitar a la mesa a tomar decisiones, a dialogar, a implicarse, a nuevos actores sociales, comunidades, trabajadores de la cultura, inmigrantes y tantos otros que han estado excluidos de los espacios formales de conversación, enriqueciendo el diálogo más allá de lo meramente sectorial  y así rearticular en conjunto un tejido desgastado por la atomización y construir redes efectivas que permitan habitar los espacios culturales y unificar una institucionalidad tremendamente fragmentada y encapsulada, que no logra dar cuenta de la diversidad cultural de nuestro país.
Por ello algunas de las propuestas centrales de nuestro programa apuntan a fortalecer esa interacción y colaboración; como es la visibilización de polos territoriales de irradiación cultural a través del Programa Puntos de Cultura, exitosa experiencia latinoamericana en la que se conjugan lo político, lo comunitario y lo estatal, una coordinación virtuosa que otorga autonomía cultural a los territorios y sus habitantes.
Debemos integrar la educación y la cultura. Para esto se requiere la estimulación, desarrollo y fortalecimiento de la creatividad en la formación básica y media, incorporando las artes como parte fundante del conocimiento, del pensamiento crítico, del desarrollo integral de las personas, y como un lenguaje de interacción con áreas del conocimiento relevantes en el avance de la sociedad contemporánea. Queremos que la escuela sea un lugar de formación e interacción cultural con el entorno. Para esto se requiere la construcción de acciones transversales que sustenten basalmente al programa y su proyección. Abriremos los establecimientos educacionales a la comunidad, entendiendo las escuelas como espacios de diálogo cultural entre el alumnado y su contexto local-comunitario, como también buscamos ampliar los circuitos de la educación formal a los museos, el espacio público y de aprendizaje informal, todo esto a través del Programa de articulación de cultura y educación.
En los últimos años, se ha concentrado una gran cantidad de creación artística que enfrenta un sinnúmero de barreras para encontrarse con las personas. La circulación y democratización de esos contenidos ha sido relegada a la concursabilidad, la que ha resultado ineficiente en esa tarea, además de carecer de seguimiento, profundización y visión estratégica, por ello asumimos un compromiso en un programa que integre fomento, la red de centros culturales, entre otros, a través del Plan Nacional para la circulación de la producción artística que enfrente la desigualdad y que permita que todas las personas puedan conocer y reconocer la riqueza de la creación de nuestros artistas.

A su vez, mediante la confección de un “estatuto laboral de las y los trabajadores de la cultura” asumimos el compromiso con estos trabajadores, quienes conforman un sector diverso que constituye un aspecto prioritario cuando hablamos de la cultura como bien común y que requiere de una caracterización amplia, que  dé cuenta de la naturaleza de su trabajo apelando a una coherencia integral de nuestros planteamientos. Proponemos un trabajo sistemático entre organizaciones sociales y culturales, sindicatos y gremios con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que redacte esta propuesta legislativa que reconozca su categoría de trabajadores, y se haga cargo de su intermitencia laboral y la urgencia de su protección social.

La cultura no la trae el gobierno, está, existe, es nuestra y se vive a diario, la cultura no es cuantificable, para nosotros no se trata de más cultura para Chile, sino de plantearnos otras preguntas y proponer otras respuestas, nos interesa distinguir de ‘qué’ cultura estamos hablando, de ‘cómo’ la activamos y de ‘dónde’ surge. Para nuestro proyecto la disputa cultural es prioritaria, por ello merece seriedad y compromiso en su construcción.


Equipo de Cultura
Comando Beatriz Sánchez




Publicado el 28 de junio del 2017.

El Mostrador.

TEATRO COMUNITARIO: UN IMPRESCINDIBLE

Existen temas de agenda obligatoria en una organización, algunos de carácter contingente y otros de carácter reivindicativo, probablemente éste se encuentra en esta última categoría, pero además creo, lo hemos postergado por demasiado tiempo desde el Sindicato de Actores de Chile. Muchas veces en nuestra historia hemos sido señalados como defensores de una elite, muchas veces acusados como incapaces de mirar el mundo más allá de una sala de teatro o un canal de TV, pero hemos soñado con ir paulatinamente abarcando responsabilidades y actuando en coherencia con lo que debe ser una organización social para los trabajadores actores y actrices del país y nuestro gesto más significativo hasta ahora ha sido luchar por  la inclusión regional.

¿Cuál es mi objetivo con esta reflexión? Invitarlos a saldar una deuda, a reivindicar y visibilizar un espacio, donde muchos actores y actrices se desempeñan y trabajan en contacto directo con las comunidades, con los territorios, acompañando al ciudadano a que ejerza, no sólo su derecho a ver teatro, sino su derecho a hacer teatro.

En nuestro trabajo artístico transitamos por distintos escenarios: una clase, una sala de teatro, un set o un escenario comunitario, y en otros casos no; finalmente cada uno tiene la libertad de ejercer su profesión donde le parezca que puede ser un aporte o tener la retribución económica o social que persiga. Es lógico entonces que se confronten posturas, que se establezca un escenario de los ganadores y los perdedores, dinámica profundizada por la concursabilidad, pero lo cierto es que en el mundo del teatro comunitario se vive codo a codo con la precariedad propia y del país, en SIDARTE muchos de nuestros miembros más comprometidos se desenvuelven alentado y desarrollando el teatro comunitario, lo que nos enorgullece y es una clara aspiración de la organización, estar ahí para ellos. Queremos protegerlos, defenderlos y enaltecer su trabajo, y a través de ellos generar alianzas y comunión con quienes desde la vocación se dedican al teatro en sus comunidades, y lo utilizan como una herramienta de transformación social o como un catalizador de procesos sanadores a nivel social.

Hace poco escuché en una conferencia en Dublín algo que resonó en mi, “atacar al teatro comunitario o confrontarlo al circuito profesional sería literalmente dispararse en los pies”  y es así, pues ahí está el vehículo que ataca la segregación social, el que nos hace disminuir las diferencias, en un país que sangra sus desigualdades, en el trabajo de los grupos comunitarios está la cuna de la profundización de la democracia y de la convivencia, está el espectador, está la expresión de la identidad territorial, cultural y del imaginario social, está la sanidad y recuperación de un pueblo, al que lamentablemente, para clasificarlo, se ha cortado en pedazos y hoy intenta volverse a unir. Si nosotros caemos en la trampa de auto-segregarnos “pisamos el palito” del modelo económico de mercado; sin embargo, si logramos avanzar juntos en el desafío de que el teatro, así como las otras artes escénicas, sean un derecho social y la institucionalidad del estado lo proteja -sin intervenir en la libertad de creación y expresión- seremos más fuertes y cohesionados, pues los objetivos son comunes para todos quienes ejercen el arte teatral y están presentes en la convención sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural de la UNESCO de 2005, que Chile suscribe y necesitamos que recuerde, cuando señala: “Se procurará que se reconozca la importante contribución de los artistas, de todas las personas que participan del proceso creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que los apoyan con su trabajo, así como el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las expresiones culturales”. Insto e invito a  la inclusión del mundo comunitario en nuestro trabajo sindical y político, a incentivar el intercambio y el diálogo franco. Como organización tenemos el desafío de proteger a nuestros socios para que transiten, desde el que muchas veces es un trabajo vocacional y voluntario, a un trabajo reconocido y remunerado, por el valor que  tiene el teatro para el arte y en la recomposición del tejido social. Además, como sindicato nos sentimos llamados a trabajar tenazmente en buscar el compromiso del mundo público, el estado y los gobiernos comunales, para que asuman su responsabilidad social a través del apoyo y financiamiento de proyectos que son un derecho de los ciudadanos, que inspirados en otras experiencias regionales, se enaltezca la cultura territorial y comunitaria de forma autónoma libre, como una reserva de nuestra identidad más profunda.

Es hora que Chile se levante con toda su diversidad cultural para construir nuevas formas de diálogo e interacción, que deje de lado la confrontación o la indignante segregación y comparación, es hora de que avancemos juntos valorando lo propio, lo que entrelaza todas las formas de expresiones culturales que habitan en nuestro territorio.

La indignante indiferencia del CNTV frente a la realidad laboral de actores y actrices

Esta historia comenzó hace 4 años, cuando se promulgó la Ley de Televisión Digital en La Moneda. Una ley que para el Sindicato de Actores de Chile traía una nueva posibilidad para que el incumplimiento laboral de los canales de TV, en lo que concierne a actores y actrices, fuera corregido.

 Hasta hoy, actores y actrices se vinculan con los canales como prestadores de servicio o como empresas, pero no como trabajadores. Uno de los aspectos de la ley nos permitiría cambiar eso: traía la posibilidad de interponer una denuncia al CNTV y de que éste, después de determinar el incumplimiento, sancionara a los canales con una multa y, en caso de reiteración de la falta, incluso prohibiera la transmisión del canal infractor.

 Así partió esta lucha. Presentamos antecedentes que demostraban esta falta en los casos de actores y actrices de 3 canales. ¿Qué hizo entonces el CNTV? Poner la primera traba: crear una norma que no permitiera presentar una fiscalización como prueba, sino exigir un juicio ejecutoriado. ¿A qué nos obligaba esto? A tener que recurrir a los tribunales de todos modos, judicializando una discusión que no resiste análisis, pues nuestros socios son claramente trabajadores que cumplen horario, instrucciones y trabajan en un lugar específico que les designa el empleador o sea, bajo subordinación y dependencia.

A este obstáculo se sumaba otro problema: en el sector con una de las tasas más bajas de empleabilidad ¿quién se atreve a demandar a un canal, con el riesgo de perder un puesto de trabajo? Sólo quienes ya han sido despedidos injustamente. Tuvimos que seguir este camino y tomar el primer caso de demanda por despido injustificado para presentarlo: el del actor Fernando Larraín. Tal vez no sea el caso que muestra con mayor nitidez al trabajador precarizado, sin embargo éste fue el escenario al que nos llevó el CNTV con sus normas absurdas que se alejan del objetivo de aunar fuerzas para sacar a los actores y actrices de un escenario laboral que no los considera trabajadores.

¿Qué sucedió? Tras presentar la denuncia bajo las reglas impuestas por ellos, fuimos rechazados en 3 ocasiones, tras las cuales presentamos 2 recursos de reposición que, finalmente, no surtieron efecto. Nuestra denuncia fue rechazada a pesar de que la mayoría de los consejeros votaron a favor de las razones esgrimidas por SIDARTE, pero no constituyeron una mayoría absoluta, sino simple.

Todo esto nos hace pensar que al CNTV, al parecer, le importan la moral, las buenas costumbres y el lenguaje que usan los humoristas en televisión, pero no le importan los trabajadores. Hemos dado esta pelea durante los últimos cuatro años de manera incansable; enfrentándonos a quienes fuera necesario, sin miedo. Ésta es la oportunidad para dejar en claro que en este tipo de peleas es donde más se nota la fragilidad de nuestra norma laboral; si fuera una legislación sólida, no hubiésemos tenido que llegar a estas instancias.

Pocas veces los actores prestamos atención a lo importante que es la discusión en materia laboral, pero es clave entender que somos un Sindicato Interempresa creado como categoría en el Plan Laboral hecho en dictadura, que no tiene derecho a negociar colectivamente por sus trabajadores a menos que el empleador lo consienta; no contamos con negociación ramal y tenemos un gremio integrado por personas que muchas veces, como en este caso, no son consideradas como trabajadores por los empleadores. Ésa es nuestra realidad.

En este escenario nebuloso, sí hay algo que tengo muy claro porque lo intentamos, y es que esta lucha no la pueden dar un puñado de dirigentes, esta lucha la tienen que dar los trabajadores y trabajadoras con la claridad de que esta transformación es justa, es necesaria y es urgente para cambiar al país. Y con la consciencia de que no los ayuda sólo a ellos, sino a todos los que forman y formarán parte de este sector a futuro. Éste es uno más de los puntos de la extensa lista de derechos que debemos recuperar.

No me cabe duda de que más temprano que tarde lograremos este cambio que sembrará las bases de un ecosistema laboral más digno, justo y humano para los actores y actrices trabajadores de Chile.

UNA INSTITUCIONALIDAD PARA QUE LA CULTURA Y LAS ARTES SEAN UN DERECHO SOCIAL

 

El movimiento social y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de las artes y la cultura hemos aprendido, no con pocos sacrificios, tres lecciones en el último tiempo.
Primero, no debemos tener temor a expresar nuestras ideas y propuestas aun a riesgo de parecer estar contra la corriente política o las ideas de moda.
Segundo, defender sin vacilaciones y en todo lugar, los principios que sustentan nuestro accionar.
Y tercero, no aceptar la afirmación que nada se puede cambiar o que ya no hay nada que hacer para modificar el rumbo de nuestro mundo.
Estas convicciones son las que nos dan la fuerza para presentarnos ante ustedes y señalar claramente que Chile requiere construir una institucionalidad para que la cultura y las artes sean efectivamente un derecho social.
Y esta afirmación no es algo antojadizo o voluntarista. Es nuestro convencimiento profundo de que estamos en un momento histórico para nuestro país, en que un modelo de sociedad que ha sobrepuesto al mercado por sobre cualquier otra dimensión de la sociedad está llegando, lenta, pero inexorablemente a su fin.
Las artes y la cultura siempre han sido y son expresión de la sociedad en que se desenvuelven y los creadores y artistas, hemos sido y somos actores sociales y políticos.
Entendemos nuestro trabajo como la responsabilidad de quien construye realidades.
Por ello, rechazamos por principio y acción el modelo neoliberal que se impuso en nuestro país y en gran parte del mundo.
Un modelo donde todo tiene precio y se transa en el mercado sin ninguna restricción que no sea el poder de negociación de quienes compran y venden.
Este modelo también se impuso en las artes y la cultura. Una sobrevaloración de la denominada dimensión económica de las artes.
La creación del concepto de industrias creativas es la apropiación del neoliberalismo de las artes y de la cultura para el mercado, para asignarle una medida de valor económico mercantil al trabajo de los artistas y creadores.
Lo que conocíamos como industria cultural pasa a ser creativa porque la creatividad se puede valorar y restringir para obtener lucro.Lo creativo se nos vende como un recurso económico inagotable.
Queremos negar esta realidad?, queremos borrarla de nuestro quehacer?. Claro que no, pero queremos darle el lugar que merece y ese sin duda, no es el primero de la lista.
Así como se privatizaron nuestros recursos naturales y las empresas del estado, se realizó un verdadero secuestro de la cultura y las artes para imponerle lógicas de mercado, lo que significó, tal y como en otras dimensiones de la sociedad, una precarización en la producción y el acceso para creadores y públicos y la minimización del rol del estado como generador de políticas públicas.
Se destruyó el lazo que unía a creadores y artísticas con su público en la complicidad de construir ciudadanía. Unos y otros debimos acudir únicamente al mercado.
Hoy muchos, incluyendo a los centro de pensamiento de políticas culturales, piensan al artista y creador como un emprendedor, que realiza autogestión y que debe limitarse a concursar para acceder a fondos. Del mismo modo, las audiencias están a merced de su capacidad económica para participar de la oferta y la demanda cultural y artística.
Tal como señalaba, tenemos el convencimiento de vivir tiempos de cambios estructurales. Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma social y de lo público, que se manifiesta en la idea de la recuperación de los derechos sociales en nuestro país y la construcción de un estado que los garantice.
Hoy existe una amplia convicción que las actividades artísticas y culturales, más allá de la simple compra y venta, son indispensables para el desarrollo de las personas y los países, así como para el despliegue de sus libertades.
Es decir, debe considerarse la cultura y las artes como un derecho y una necesidad y debe asegurarse su acceso, pues permite la reducción de inequidades, contribuye a la participación comunitaria, desarrolla sujetos críticos y fortalece el espacio público, con miras a crear sociedades integradas, pensantes y solidarias.
Por ello, aspiramos a contribuir a la creación de un Ministerio de Cultura y las Artes que sea reflejo e impulsor de esta nueva sociedad que estamos construyendo. Un Ministerio que garantice la cultura y las artes como un derecho social.
Sabemos que sin políticas públicas activas en materia de la cultura y las artes es muy difícil que se reduzcan las brechas de acceso y menos aún que se direccionen recursos e inversiones sin el imperio de la lógica del mercado.
Solo la acción pública nos garantiza la incorporación de criterios de equidad, la promoción de la diversidad y la protección del patrimonio cultural de nuestras sociedades.
El proyecto sustitutivo en torno a esto plantea claramente en sus funciones la promoción de la cultura como un derecho, sin embargo, el cómo esto se garantiza se diluye para nosotros cuando vemos que las áreas artísticas estarán, en esta nueva institucionalidad, supeditadas al Servicio de Las Artes y las industrias creativas, donde en ningún momento se garantiza que el estado ejecute acciones, sino solamente políticas, planes y programas, pero si establece, cito textualmente: “desarrollar la cooperación, asesoría técnica e interlocución con corporaciones, fundaciones y demás organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del servicio, y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común”.
Quién nos garantiza que esto no acreciente la inequidad? ¿Quién nos garantiza que no siga engrosando solo un eslabón de la cadena? ¿quién supervigila ese accionar? porque una vez que los recursos públicos pasan a manos de privados para ejecutar políticas públicas, estos se comportan como privados, entonces quién da garantía a las regiones de acceso en igualdad de condiciones, ¿quién garantiza entonces el compromiso inicial que suscribe el proyecto? donde se señala claramente que la cultura es un derecho.
Los artistas sabemos muy bien que la asignación de un presupuesto no garantiza trabajos decentes, que muchas veces se ahorra en la contratación de obras o piezas artísticas y que el mejor gestor es aquel que consigue más presentaciones de manera gratuita. Dejar en manos de otros el cumplimiento de las políticas públicas es desentenderse de un deber del estado, dejar en manos de terceros derechos laborales es no entregar garantías a un sector largamente vulnerado.
Por tanto, solicitar una descripción más exhaustiva de este punto nos permitiría proteger la dignidad de los artistas trabajadores y sus creaciones y afianzar el compromiso que se ha asumido.
Lo referido no significa en ningún caso desestimar la importancia que tiene el Estado en la valoración y el apoyo presupuestario que creemos debe entregar a aquellas organizaciones de carácter privado que realizan una labor pública, sino más bien busca solicitar que se haga cargo de salvaguardar la política pública en todo su proceso de ejecución.
En el caso específico de las artes escénicas, estamos dando señales en ese sentido de cambio paradigmático.
Hace algunos días, presentamos a la Ministra de Cultura, una minuta de una propuesta de Ley Sectorial de las Artes Escénicas.
Una amplia gama de organizaciones relevantes y representativas del sector realizamos un amplio debate nacional que articuló una propuesta de ley que permite, a través de la legislación, abordar las diferentes situaciones que afectan al área.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la ministra recibieron nuestro trabajo con gran interés y definimos un calendario para avanzar en conjunto en este proyecto de ley.
Esa es una señal potente de avanzar en una nueva forma de abordar las políticas culturales en nuestro país y nos parece que resguarda hasta cierto punto la realidad del sector en la nueva institucionalidad que finalmente se genere.
La ley propuesta por las organizaciones que conforman la Plataforma de las Artes Escénicas a la ministra, contiene tres ejes esenciales para la valorización del área:
Definir el sector, para poder reconocer su especificidad dentro de las artes.
Establecer la singularidad de las actividades de la danza, el teatro y el circo.
Y establecer las artes escénicas como un derecho social, adoptando medidas de carácter legislativas y administrativas destinada a preservar el patrimonio material e inmaterial del sector, fomentando la investigación, la preservación y recuperación de archivos y la conservación de la infraestructura.
Esta nueva estructura sectorial nos permitiría avanzar en temas muy sentidos para nosotros como por ejemplo:
Buscar entregar herramientas para superar la enorme cesantía que afecta nuestro sector.
Necesitamos políticas culturales definidas por el estado que permitan la creación de fuentes de trabajo permanente y utilizar y poner en movimiento los centros culturales y teatros construidos desde el gobierno del presidente Lagos y que tiene su más amplio desarrollo en el primer mandato de la Presidenta Bachelet.
Teatros extraordinarios que no tienen financiamiento necesario y están evidentemente subutilizados, pero cuyo financiamiento no garantiza que los artistas sean contemplados en estos presupuestos.
Un ejemplo es el nuevo teatro GAM. La construcción del teatro es importante, pero el edificio no es un proyecto. Necesitamos un proyecto que sustente ese teatro con trabajo permanente para artistas, con lógicas de políticas nacionales y no de mercado.

Finalmente, aspiramos a construir un país democrático y con justicia social, que supere las enormes desigualdades que nos avergüenzan como sociedad e impulsar medidas como nuestro proyecto de ley sobre la eliminación de la exención del IVA a la que se acogen los mega eventos, muchas de ellas disfrazándose como actividades culturales, para pagar menos impuestos. Recursos que podrían ser utilizados en beneficio de un Fondo Solidario para el Artista Chileno.
Y los artistas y creadores estamos dispuestos a hacer nuestros aportes en aquello que, hasta ahora, hemos hecho por nuestra propia voluntad, y que hoy la sociedad exige como un proyecto país.
Recuperar el principio fundamental de la igualdad como el criterio central de cualquier sociedad verdaderamente libre. Y hablamos de una igualación de las posibilidades reales de cada ciudadano de vivir una vida plena, según el patrón que escoja, sin carencias o desventajas debidas a los privilegios de otros. Reforzar la construcción del estado como asignador de recursos en búsqueda del bien común.
Solamente una autoridad pública robusta y activa puede garantizar la protección contra la enfermedad, la promoción de conocimientos y de cultura, y la provisión de protección y empleo para todos.
Y la defensa de la democracia como la fuerza motora de que sean las legítimas mayorías las que definan nuestro destino como sociedad.
Por ello, debemos avanzar en nuestro país en aprobar una ley de Ministerio de la Cultura y la Artes que supere un modelo economicista y neoliberal que ha fracasado en todos los lugares del mundo donde se ha instalado, dejando aún más precariedad en los creadores, artistas, y audiencias, y que signifique nuevamente largos años de postergación para el desarrollo de las artes y la cultura en Chile.
No podemos perder esta oportunidad histórica de avanzar en la creación de una institucionalidad para que la cultura y las artes sean definitivamente un derecho social en nuestro país.
En un compromiso que debemos asumir con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
Muchas Gracias.

Discurso Jornada por el Ministerio de las Cultura organizado por Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

20 de Octubre 2014

Edificio

Ex Congreso Nacional

PAMELA LOPEZ

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Andrea Gutiérrez Vásquez

Columnas y Ensayos sobre Cultura y Feminismo